Como todos los hechos se graban, con las cámaras de los celulares, la Policía Nacional ya no puede ocultar los excesos que sus miembros cometen en las calles de las ciudades.

Pleonasmos policiales se han cometido siempre, pero su director no está para justificar violaciones a las leyes, menos en un gobierno que oferta la transparencia como principal virtud.

La transparencia no se circunscribe al desenvolvimiento financiero de las instituciones públicas. También comprende el respeto a las leyes.

Si Edward Sánchez González, director de la Policía Nacional, desaprobara exabruptos de sus subalternos, podría colegirse que dentro de la uniformada hay quienes procuran dañar su gestión para hacerlo “saltar del cargo”, una práctica conspirativa que históricamente han implementado altos oficiales que dirigen clanes dentro del cuerpo del orden.

Pero ese parece que no es el caso. Y de serlo el director de la Policía Nacional estaría haciéndoles el juego a sus posibles adversarios internos y afila cuchillo para su propia garganta.

Todo indica que ha faltado una declaración categórica, con autoridad y de apego a las leyes de parte del jefe policial.

Le tocó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, expresar que en su gestión no se permitirá violaciones a las leyes de miembros de la Policía Nacional, pero tampoco se tolerará desacatos ni agresiones de ciudadanos contra las autoridades.

La advertencia de Chu Vásquez es muy oportuna, pues en las últimas semanas la población viene presenciando, a través de la televisión y de las redes sociales, múltiples incidentes que involucran a policías y a civiles, como si estuviéramos en una sociedad donde ni unos ni otros conocen sus derechos y sus deberes.

Lo que se comenta es que el director policial carece de carácter y de autoridad. El suscrito no puede corroborar esa tesis por falta de argumentos, pero algo anda mal dentro de la institución y esas frecuentes peleas callejeras entre policías y ciudadanos dominicanos tienen que acabarse. Alguien tiene que ponerle coto a ese desorden.

Bastó con que el presidente Luis Abinader dijera que “aquí no hay rango por encima de la ley”, para que los generales dominicanos dejaran de violar las leyes de tránsito y de humillar públicamente a los miembros

de la Digesett, que solo procuran ordenar la caótica circulación vehicular en la República Dominicana.

Los generales dominicanos vienen con un sentimiento de superioridad, de estar por encima de las leyes y exhibir derroche de arrogancia desde los tiempos de Trujillo, reproduciendo sus excesos y sus abusos en los doce años de Balaguer y hasta en los gobiernos siguientes, sin que ninguna autoridad civil siquiera amonestara esa conducta.

El Art. 39 de la Constitución de la República establece el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos dominicanos. ¡Léanlo!

Ese problema de los generales insultar y humillar gente en la calle parece estar resuelto por lo menos momentáneamente.

Ahora corresponde acabar con los incidentes diarios (asimismo: son diarios) entre policías y personas común de la población, que dan la sensación que vivimos en un país en el que no hay normas jurídicas establecidas que nos permitan socializar civilizadamente. Pongamos fin a los excesos policiales.