Lo mucho, dicen por ahí, hasta Dios lo ve, por lo que resulta imposible no darse cuenta de que “cantarle” 20 años de prisión  (la máxima pena que prevé el Código Penal para sancionar el robo con violencia) a un hombre por robarse  un celular es un exceso, sobre todo cuando  comparamos esa sentencia con la benignidad con la que suelen ser  tratados, por ejemplo, los narcotraficantes, a los que nuestros jueces dispensan gran  consideración, y ni hablar de los acusados de corrupción, a los que ni siquiera quieren ver sentados en el banquillo. Sé que  corro el riesgo de que estos párrafos se confundan con una defensa –que de ninguna manera es el caso– a los ladrones de celulares, un  plaga criminal que ya nos ha arrebatado muchas vidas,  que también se ha convertido en un buen negocio en el que participan las mafias internacionales. Y la mejor y más clara evidencia de que estamos ante una actividad ilegal  de envergadura, es el apresamiento de Kelián Valdez Paniagua, a quien la Policía dice haber ocupado ¡362 celulares robados! ¿Cuántos años le “cantarían” los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a este señor? Pero no se extrañe usted, querido lector, si cualquier día de estos se entera de que al susodicho un juez suplente le otorgó la libertad “pura y simple” basándose en algún tecnicismo que los fiscales pasaron por alto, y que hace rato que ya está en la calle delinquiendo de nuevo. Porque esa es una de las grandes debilidades de nuestra justicia, a la que no solo se le cae la venda con demasiada frecuencia sino que también se le olvida que todos los ciudadanos deben ser medidos con la misma vara, la recta vara de la ley.