Carlos Peña 
El quinto Eje Coincidente en actos delincuenciales es el concerniente a la participación de personas socialmente excluidas en el país, entiéndase, aquellas que sus condiciones socio-económicas deplorables les empuja a refugiarse en el submundo del delito.
Con lo antes expuesto no pretendemos asignar a la pobreza la razón irresistible para que se prohije la delincuencia, sino más bien, que ésta forma parte de las condiciones exhibidas por muchos de los que delinquen, pues pretender responsabilizar a los pobres de los crímenes y delitos sería un gran insulto a la abrumadora mayoría de personas de escasos recursos que con su correcta manera de vivir, han demostrado que ser pobre no implica necesariamente ser delincuente.
Ahora bien, el hecho de encontrarnos estadísticamente con que la mayoría de las personas que delinquen en nuestras calles, pues también hay una delincuencia de oficina perpetrada casi siempre no por pobres, arrastran una historia de exclusión social, marginalidad, falta de oportunidades, etc., entendemos que este aspecto no debe obliterarse al momento de abordar soluciones al clima de inseguridad ciudadana que se vive en el país.
Dicho esto, se debe recordar que uno de nuestros grandes indicadores macro-económicos, a decir, la tasa de desempleo, no ha sufrido grandes reducciones en la última década, pues ha estado rondando el 14%, ya que la economía nacional solo ha sido capaz de ir creando plazas laborales solo para cubrir con nueva demanda de empleos que se presenta cada año, sin tocar la referida base de desocupación.
De lo anterior se concluye, que el ritmo de creación de empleos en el país debe ser modificado a la alza, pues hay un segmento poblacional que se mantiene excluido del aparato productivo nacional. Para ello, una de las medidas más efectivas a tomar debería ser la revisión del cuadro de exoneraciones que disfruta el sector empresarial, donde estos irritantes beneficios les sean entregados en función de las nuevas plazas laborales creadas.
