Seis de cada diez personas con discapacidad no saben leer, ni escribir, mientras que el 80 por ciento carece de conocimientos de informática, de acuerdo con un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en base a datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben 2018).

El documento indica, además, que tres de cada diez personas con discapacidad no tiene ningún nivel académico y la mitad apenas alcanzó el nivel básico.
De acuerdo al levantamiento, más de 8 de cada 10 personas con una condición especial está fuera del mercado de trabajo.

“Pero las privaciones en materia de educación no solo tienden a reducir las probabilidades de tener opciones y oportunidades laborales, y de acceso a medios de vida de calidad que garanticen seguridad social y una fuente confiable de ingresos, además constituyen una limitante fundamental para su acceso a otras oportunidades de desarrollo humano y al ejercicio de sus derechos sociales y civiles, desde la primera infancia y a lo largo de todo su ciclo de vida”, agrega el informe.

Fuente
Para el análisis cuantitativo realizado se utilizó como fuente de datos el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares del Siuben 2018, el cual es el último levantamiento de carácter masivo de información realizado en el país de esta índole, que además integró las preguntas del set corto del Grupo Washington (GW) para identificar la población con discapacidad.

La base de datos del Estudio Siuben 2018, certificada a junio 2020, contiene información de un total de 2,042,006 de hogares, equivalente a 6,182,098 personas.

A partir de este universo, se identificó con base al método del GW, un total de 128,093 hogares en el territorio nacional en los cuales se indicó que había al menos una persona con discapacidad, equivalente a un 6.3% de todos los hogares entrevistados.

En cuanto al total de personas que reporta alguna discapacidad en el Siuben, se encontraron unas 140,908 personas o el 2.3% del total.

En el documento se identificó que el país aún enfrenta un gran déficit de servicios formales de cuidado para apoyar a las personas con discapacidad que los demandan, incluyendo la primera infancia, pero, sobre todo, las personas adultas mayores en situación de dependencia. Además en los grupos focales con ONG y personas con discapacidad surgieron distintas manifestaciones de percepción de estigma vinculados al género y la edad, destacándose testimonios de casos de discriminación en los servicios de salud y educación.

Asimismo, salieron a relucir temas como la concepción de la discapacidad como enfermedad, y de que el acceso a oportunidades sociales, productivas y de vida independiente se va limitando aún más para estas personas conforme avanzan en edad.

El conjunto de hallazgos de este estudio indica que las personas con discapacidad tienen mayores desventajas que el resto de la población en el ejercicio de sus derechos sociales.
Esta negación multidimensional de derechos se refuerza y convierte en un nudo crítico que reproduce la situación de desigualdad, cuestión que requiere con urgencia de un abordaje deliberado y comprometido desde la agenda de políticas públicas de inclusión social.

El informe señala que más de la mitad de las personas con discapacidad mayores de 5 años informaron tener considerables dificultades para estudiar, trabajar, obtener ingresos y participar en las actividades de la vida diaria.

El objetivo principal de este proyecto, indica en su introducción es fortalecer la capacidad del Gobierno y la sociedad civil para construir un modelo de discapacidad basado en el desarrollo humano inclusivo, que garantice el acceso de estas personas a una educación de calidad, empleo digno y oportunidades de participación social.

Otro hallazgo que figura en el documento es que la pandemia de la Covid-19 demostró que es posible expandir o lanzar rápidamente medidas de protección social como una herramienta poderosa para mitigar riesgos y reducir vulnerabilidades multidimensionales.

Recomendaciones.
Este estudio fue realizado entre 2019 y 2021, bajo la dirección de la investigadora Pamela Suero y con la coordinación técnica de Noemi Gómez, asociada del Proyecto Interagencial de Discapacidad.

En sus recomendaciones finales propone propiciar y concertar la creación de mesas intersectoriales de trabajo permanentes a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis) pero integrando muy estrechamente a los entes estatales claves para el relanzamiento de planes de inclusión en áreas prioritarias como educación, empleo, salud, participación social y protección social.

Desde esta perspectiva, plantean acciones concretas en torno a tres frentes principales: fortalecer la institucionalidad y el compromiso político a favor de la inclusión de la discapacidad; capital social y relanzamiento de las estrategias y políticas de inclusión.

Coordinación.
El estudio se desarrolló en el marco del proyecto interagencial “Creación de capacidades nacionales para la inclusión social de las personas con discapacidad en la educación, el empleo y la participación en la República Dominicana” ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con el apoyo del Fondo para promover los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD).