Exclusión que hay que eliminar

Exclusión que hay que eliminar

En sus diez años de vigencia, el Sistema Dominicano de Seguridad Social ha incluido al sistema de pensiones apenas un 30% de los trabajadores del país.

La mayor parte -70%- sigue excluida por diversas causas, entre las que cabe destacar  falta de implementación de instrumentos contemplados en la ley de seguridad social, casos de evasión patronal  y el hecho de que una alta proporción labora en el mercado informal.

Aunque la ley 87-01 prevé los medios para incorporar al sistema de pensiones a los trabajadores del sector informal y a las personas que no devengan ingresos por carecer de trabajo, estos instrumentos no han sido habilitados.

Esa ley contempla que sus beneficios sociales en materia de asistencia sanitaria y de pensiones incluya a toda la población, pero en diez años de vigencia todavía quedan lagunas que se constituyen en factores de indeseable exclusión.

Hay que dar los pasos pertinentes para eliminar estas causas de exclusión.

Los dos regímenes de cobertura para las personas que laboran en el mercado informal y para aquellos que no reciben remuneración nacieron con la ley de seguridad social y se supone que debieron  entrar en vigencia junto con el sistema de pensiones.

Unas de cal y otras de arena

Al asumir sus funciones en agosto del 2010 muchos alcaldes electos en los comicios del mismo año encontraron embargadas las cuentas de sus ayuntamientos, debido a deudas dejadas por sus antecesores. La referencia es para saludar la existencia, en el Senado, de un proyecto que prohibiría que los gobiernos municipales asuman compromisos e inversiones que generen deudas que las corporaciones no puedan saldar en su período de ejercicio.

La iniciativa es positiva, pero sería interesante complementarla para que  los ayuntamientos reciban del Gobierno Central la totalidad de los recursos que les corresponden por ley y que les sean respetadas las facultades administrativas que les han sido arrebatadas desde el Poder Ejecutivo. Ambas cosas permitirían a las administraciones municipales mejorar su capacidad para costear ejecutorias  que en la situación actual tienen que ejecutar con  deudas.

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