CÉSAR PÉREZ
La acentuación de la percepción del crecimiento de la violencia y criminalidad, la sostenida y espantosa violencia contra la mujer, además de la falta de sentido cívico que se percibe en todos los grupos y clases sociales, constituyen los mayores motivos de preocupación sobre nuestra cotidianidad y sobre nuestro futuro como sociedad. De esa percepción dan cuentas los medios de comunicación y en los diversos círculos donde se crean opiniones, de manera no siempre objetiva.

El fenómeno de la criminalidad y de la delincuencia, como la generalidad de los fenómenos sociales, tienden localizarse en las estructuras espaciales y políticas.  Aunque no de manera automática, existe una relación entre alta concentración urbana, alto grado carencia material, exclusión social y espacial con altos índices de diversos tipos de actos delictivos, este aserto lo demuestra el hecho de que sea en Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago, las ciudades donde se registren los mayores niveles de segregación espacial y de exclusión social.

Ese fenómeno de relación directa entre pobreza y altos niveles de delincuencia, es una constante que se presenta en todos los países del mundo, es una verdad tan evidente que repetirla es casi decir una perogrullada. De igual manera, es sabido que el estado de sensación de desorden generalizado, la violación sistemática de las normas elementales de convivencia ciudadana y la falta de solidaridad entre las personas, se presentan en aquellas sociedades donde se ofertan muchos bienes materiales, sin que a los individuos se les dé los medios para obtenerlos.

Llama la atención la significativa cantidad de jóvenes que participan en los diversos actos delictivos y de violencia, siendo particularmente relevante el dato de que en dichos actos participan jóvenes de todos los estratos sociales y de todas unidades espaciales de las ciudades.  Ellos estaría indicando graves problemas de identidad, de problemas familiares, y lo que es más importante, del sentido de exclusión de la formas legales de acceso al consumo de bienes materiales y al control de los espacios urbanos,

Los jóvenes de todos los grupos sociales tienen sus particulares expectativas y las dificultades que tengan para satisfacerlas generan en ellos sentimientos de exclusión que se canalizan a través de diversos tipos de transgresiones: violencia callejera, consumo de alcohol y drogas, etc. Las cuales son expresiones anómalas de otros factores, siendo los más visibles, la falta de ofertas de empleos, la opresión y/o crisis familiares, la inseguridad sobre el futuro y la falta de lugares donde desarrollar actividades de ocio y tiempo libre.

Los otros factores determinantes de la acentuada percepción de inseguridad en nuestro país, localizada básicamente en los grandes centros urbanos, son el sistema de complicidades que propicia la impunidad, impuesto por importantes sectores de la clase política y del empresariado.  Ese sistema de impunidad permite a sectores de este último grupo quebrar bancos y alzarse con los dineros del los ahorristas y del estado y a políticos enriquecerse en menos de los cuatro años de sus mandatos, de pactar con delincuentes barriales para obstruir las legítimas demandas de inclusión social los sectores populares marginados del acceso a los bienes de consumo y a los servicios fundamentales para el discurrir de su cotidianidad.

Son éstas lacras en que las está cimentado el orden social y económico de este país, las causas determinantes de esos problemas que son los que más ocupan la atención en todas las clases y grupos sociales de esta sociedad.  En la medida en que se acentúan las diferencias sociales y en que los ricos de este país, en contubernio con sectores importantes de la clase política, sigan trazando las grandes líneas de las políticas económicas que rigen la vida de la nación para su exclusivo beneficio, como la recién aprobado reforma tributaria, se estará sembrando las semillas que germinan como violencia criminalidad en sus diversas tipologías.

Sin embargo, la hiperpolitización de la sociedad dominicana, y la banalización de los hechos políticos y sociales que desde diversos medios de comunicación hacen diversos comunicadores al servicio de personeros y personajes de la vida política, impiden que el debate se realice en torno a esos temas. El debate, de manera deliberada es enrumbado por los sórdidos meandros de la politiquería que tanto le gusta a quienes viven de la política y de los políticos.

En el caso de la acentuación de la percepción del incremento de la criminalidad, la pasión e irracionalidad que acompaña el debate político en nuestro país, se convierten en el caldo de cultivo que permite que muchos comunicadores y dirigentes políticos comenten ese fenómeno con proverbial  trivialidad los unos y con claros objetivos los otros.

Es frecuente escuchar algunos dirigentes de partidos pequeños y grandes, y a comunicadores autodenominados periodistas que tratan de crear el fantasma de la violencia, identificándolo básicamente en los grupos y en el partido gobernante de la pasada administración.  Nada dicen del sistema de impunidad que protege la delincuencia de cuello blanco, la que convive con la diversa forma de delincuencia, la que se sirve del estado para potenciar sus arcas y sus negocios y la que oculta los nombres de los evasores de impuestos, de quienes se roban la energía eléctrica y los vehículos a los delincuentes.

Magnificar los hechos delictivos, atribuírselos al partido que le es adverso, metiendo a todos los miembros de este en un mismo saco no conduce a ninguna parte en el tratamiento del tema de criminalidad. Tampoco sirven los llamados a la represión, pues está demostrado que esta medida por si sola no resuelve el problema y si que queremos resolverlo, debemos ir a la fuente que lo genera, la exclusión social y sistema de impunidad y de complicidades impuestos por sectores de la clase política que todos conocemos.