Recientemente en un centro comercial se expulsó a una señora calificada como “mal vestida” que violaba el “código de vestimenta”, el hecho fue publicado en algunos medios de comunicación y redes sociales. Hace unos meses ocurrió lo mismo en otro centro comercial, expulsaron a un señor que es pintor, andaba sucio de pintura y pensaba realizar una transacción en un banco comercial. Estos escenarios se reproducen cotidianamente en nuestro país en distintos espacios privados y públicos como son: Bancos comerciales, centros comerciales, oficinas públicas, clínicas, centros educativos, entre otros.

¿Resulta la vestimenta un atentado hacia la seguridad en las oficinas públicas, plazas comerciales, bancos y otros espacios?

¿Qué sustratos culturales sustentan estas continuas discriminaciones hacia personas de diferentes generaciones y sexo por la vestimenta?

La visión de que la vestimenta refleja el estatus social de las personas en nuestra sociedad mezcla desde nuestras matrices culturales distintos elementos:

1. La lógica cultural de la sociedad de consumo que vende “estatus social” y marcas, ropa, zapato, accesorio y estilos de vestir asociados a actitudes y condiciones socio-económicas agudizando las diferencias de clase social.

2. La permanencia en nuestra cultural de la imposición en la Dictadura trujillista de códigos de vestimentas diferenciados para espacios públicos, actos sociales, lugares de trabajo y educativos con una carga de discriminación social y racial.

3. El crecimiento y fomento de la desigualdad y la estratificación social en nuestra sociedad desde los sectores de poder fortalecida con el modelo de la “apariencia” en las últimas décadas. Se genera así la presión social por la búsqueda de “dinero fácil”, corrupción y endeudamiento.

Las situaciones de discriminación social y racial (porque los casos de discriminación por “mal vestido” siempre son hacia personas con rasgos físicos afrocaribeños) deben erradicarse, tanto en el sector privado como público. Se violan así los derechos de las personas a: libre tránsito, acceso a servicios y al trabajo.

Esta sociedad está definida constitucionalmente como una “Democracia”, las personas tienen derecho al libre tránsito y al libre acceso a servicios públicos y privados así como al manejo de su vestimenta e interacción social con libertad.

¿Le prohibirán la entrada a centros comerciales, bancos a las personas con grandes expedientes de corrupción, robo, fraude y lavado de activos en nuestra sociedad que han obtenido ilícitamente mucho dinero para andar “bien vestidos”?. El sostenimiento de la discriminación y exclusión de los “pobres” para favorecer “la apariencia” como modelo social tiene repercusiones socio-culturales que ya se muestran en el quiebre de la democracia, la cohesión social y la seguridad ciudadana. Su exacerbación empeoraría estas condiciones.