POR TANIA HIDALGO
Por primera vez desde que comenzó a conocerse el juicio de fondo contra los implicados en el alegado  fraude del Banco Intercontinental (Baninter), los periodistas, camarógrafos  y público en general fueron sacados de la sala de audiencias por varias horas,  a solicitud de los abogados de Ramón Báez Figueroa, principal imputado en el caso, porque se tratarían asuntos de “seguridad nacional”.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado  por Pilar Rufino y Yissel Méndez ordenó a los presentes, a excepción de los imputados, sus respectivos abogados y el testigo a interrogar,  abandonar la sala de audiencias, en virtud de los artículos 308 y 309 del Código Procesal Penal.  

La medida fue tomada a petición del abogado Juárez Castillo Semán tanto en el interrogatorio practicado en la mañana de ayer al economista Julio Ortega Tous  como el iniciado al ex presidente del Banco del Progreso, Pedro Castillo (en la tarde), porque alegadamente se tratarían asuntos que pueden poner en riesgo la “seguridad nacional”.

El Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Daniel Germán Villalona y Francisco García no objetó la propuesta, mientras que los abogados de la parte civil constituida se opusieron. 

 El primer “desalojo” se produjo a las 11:30 de la mañana y concluyó a las 1:40 de la tarde.

Los periodistas y demás público   tuvo que albergarse en el patio  del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta tanto el alguacil informara sobre la reapertura del salón.

En la tarde la audiencia reinició pasadas las 3:00 de la tarde con el interrogatorio por parte de los abogados de Báez Figueroa y Luis Alvarez Renta a Castillo. Cerca de las 5:00 de la tarde Juárez volvió a solicitar al tribunal “desalojar” la sala de audiencias para interpelar al testigo a puertas cerradas, lo que fue acogido.

Una horas más tarde se permitió el reingreso de los medios de comunicación.   Con relación al caso son procesados además de Báez Figueroa y Alvarez Renta, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa.

Según se informó a HOY, los interrogatorios “secretos” giraron en torno a las “auditorías asistidas” realizadas a todos los bancos del país, a requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante el interrogatorio  a Castillo ante la prensa, se abordó ampliamente el tema relacionado al proceso de fusión entre el Banco del Progreso y el Baninter, el cual finalmente no se concretó.

El testigo dijo que luego de firmar el 24 de marzo de 2003 una carta de intención, las autoridades Monetarias le informaron a principios de abril que la negociación se dejaba sin efecto. 

“Esa  carta fue firmada con el propósito de establecer un período de 60 días para el proceso de debida diligencia, al termino del cual se entraría ya en lo que sería un contrato definitivo entre las partes, si todo era satisfactorio. Aunque ese mismo día la Junta Monetaria en el Banco Central dio su autorización para que el Grupo Progreso entrara a partir del día siguiente a Banínter, con el fin de pasar los 60 días en el proceso de debida diligencia, la entrada de nuestro personal fue dos días más tarde, ya que por aspectos burocráticos en la parte de las autoridades monetarias no fue factible entrar al día siguiente”, manifestó el ex ejecutivo bancario.

Agregó que estuvieron “un total de 13 días hábiles, sólo nueve días laborables en la institución, ya que el 7 de abril, la Junta se comunicó con mi persona y nuestros abogados  para informar que daban por terminado y revocaban la resolución, a lo que accedimos”.

Detalló que fue Alvarez Renta quien le presentó la oportunidad de adquisición  de Banínter, además de servir de interlocutor  hasta la firma de la carta de intención.

Sostuvo que ocupó la presidencia del  consejo de directores del Banco Progreso desde el 2002 hasta su salida en octubre de 2005.

Al responder preguntas de Juárez dijo recordar que el último trimestre de 2002 fue muy difícil para el Banínter y que hubo retiros masivos.  Agregó que el Banco del Progreso hizo depósitos interbancarios para ayudar a la liquidez.

¿A qué usted atribuye que la fusión no se haya concretizado?, preguntó el jurista, a lo que el testigo a descargo reiteró que el 7 de abril fueron llamados al Banco Central, donde se le informó que la negociación se daba por terminada.

“No nos explicaron las razones. Yo hago mención en mis declaraciones ante la Cámara de Calificación a un informe confidencial que hicieron las autoridades monetarias al que no tuvimos acceso”, manifestó Castillo.

Dijo que el documento firmado tenía un anexo único que contó con la aprobación del abogado Francisco Alvarez,  en su condición de abogado del Banco del Progreso y quien ahora representa también a la parte civil.

Informó que Pancho le comunicó que no era necesario notificarle al Banínter sobre la ruptura, “porque esa era una decisión de la junta monetaria”.

 TORPEDEAN FUSION

Castillo Semán, al comentar las declaraciones del testigo, dijo que el testimonio del ex ejecutivo bancario viene a confirmar el “torpedeo” de las autoridades monetarias de entonces para  impedir la salvación de Banínter.  Insistió en señalar que el interés era quedarse con los medios de comunicación ligados al quebrado banco.

RÉPLICA

De su lado, Francisco Alvarez dijo que los dos testigos interpelados en la audiencia (Julio Ortega y Pedro Castillo) desconocían totalmente sobre los problemas  ocurridos en Banínter.

De igual manera,  exhortó a Pedro Castillo recordar cuando él se presentó a la oficina de José Lois Malkun, entonces gobernador del Banco Central, para pedirle que sacara al Banco del Progreso de esa negociación para evitar que se contagiara.  

El proceso fue recesado hasta el lunes 23 de julio cuando le tocará a los abogados de la parte civil practicar su interrogatorio.

Se  estima que ese día en horas de la tarde será iniciado el interrogatorio al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.