Mario Vargas Llosa profesa amor por nuestro país visitándonos y cultivando amistad con auténticos dominicanos. Dedicó un doloroso artículo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la haitiana que pidió a la Junta Central Electoral convertirla en dominicana en base a documentos espurios. Demuestra tremenda confusión. El tribunal no “quita” a nadie la nacionalidad dominicana. Esclarece el fundamento legal para que decenas de miles de inmigrantes indocumentados, mayormente haitianos, puedan ser asentados regularmente en el registro civil.

El caso de Deguis Pierre, nacida aquí hace 29 años de padres haitianos, constituye un drama humano conmovedor, especialmente para un artista del pensamiento y la palabra. Pero la emoción exacerbada puede ser mala consejera.

Es sencillamente falaz que en casos como este, de haitianos sin documentos de identidad, por causa de la sentencia “la mayoría de ellos de manera retroactiva pierden su nacionalidad y se convierten en apátridas”, como escribió don Mario. Es también mentira que se trate de “una aberración jurídica directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos siglos avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad”.

Duele, por grotesco, que don Mario nos compare a la Alemania nazi. Ser judío no es una nacionalidad pero ser haitiano sí. ¿Cómo puede seriamente argumentarse que a un haitiano se le “despoja” de algo que no posee, la nacionalidad dominicana? ¿Cómo calificar como “crueldad”, “inhumanidad” o “hipocresía” que estemos obligados a subsanar una falta de Haití, incapaz de llevar un registro civil eficaz para documentar a sus ciudadanos? ¿Cómo y por qué se suma don Mario a quienes creen que extranjeros pueden decidir un asunto tan soberano como nuestra nacionalidad?

En algo tiene razón don Mario. Somos culpables, por desidia, negligencia, incapacidad o lo que sea, de haber permitido por muchas décadas que la situación irregular de decenas de miles de inmigrantes ilegales indocumentados se mantuviera en un limbo legal. Pero la sentencia constitucional no empeora esto sino que lo arregla, pues manda al encargado del registro civil dominicano, que es la JCE, a resolver los casos como el de Deguis Pierre.

No dudo que, como confiesa, don Mario realmente quiera a mi país. Él es tan afortunado que tiene tres, Perú, España y éste… Los dominicanos sólo tenemos uno. Defenderlo no es ninguna “iniquidad”.