Un tribunal competente, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley  dictó una sentencia que ordena a la Junta Central Electoral inscribir al licenciado Bernardo Santana Páez como candidato a diputado. Esta disposición fue emitida el día siete de abril; sin embargo el día seis la Junta había recibido y aceptado la inscripción de la señora Soraya  Chaín en el lugar en que había sido propuesto  el ex oficial. Es entendible que si  el rechazamiento de la inscripción de Santana Páez fue declarado fuera  de la ley, la inscripción aceptada en su lugar deviene en ilegítima, ya que la decisión del juez de amparo retrotrajo la situación al punto inicial, es decir, al momento en que se conocía la propuesta de inscripción del ex jefe policial.

El señor presidente del organismo electoral ha justificado la no inscripción del licenciado Santana Páez en la supuesta carencia de objeto de la sentencia, en razón de, según sus palabras, haberse ocupado la candidatura de que trata la misma. A nosotros nos parece ese un mal argumento. Más bien da la impresión de que el pleno de la Junta actuó precipitadamente, quizás para no tener que aceptar las consecuencias de la sentencia que se advertía.

Llama la atención que el señor presidente de la Junta, según versión publicada por los medios de comunicación, haya anunciado que llevará el caso  ante la Suprema Corte de Justicia, pues es sabido,  y sé que no es ajeno a un jurista de la talla del doctor Castaños, que en materia de amparo existe el doble grado de jurisdicción, conforme ha sido juzgado por la Suprema Corte;  por tanto el recurso procedente sería el de apelación antes que el de casación según  disposiciones del derecho común. Recurso que no detiene la ejecución de la sentencia. Y  excúseme,  magistrado.