«El Plan Nacional de Regularización debe ayudar a mejorar la situación de la presencia masiva de obreros haitianos en el país, espero que así sea, que los empleadores hayan transparentado a esos empleados. Vamos a esperar los resultados finales del plan, pero la realidad es que no tenemos esperanzas de que el mismo haya resuelto este tema, debido a la resistencia de los sectores empleadores a cooperar con la regularización de sus trabajadores en el tema de la formalización por temor a demandas legales».

Así lo expresó este domingo el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, tras preguntarse: ¿Qué sentido tiene que se inicien deportaciones de extranjeros si el Gobierno no organiza el mercado laboral?.

Entrevistado en el programa Toque Final que cada domingo dirige el periodista Julio Martínez Pozo por Antena Latina, canal 7, el abogado Taveras dijo que tampoco se puede pensar que el mercado laboral de nuestro país, que está discriminando al trabajador dominicano en su propio territorio, puede ser un mercado sano, pues no estimula la competencia de la mano de obra, e indicó que hay una competencia desleal, ¨ese enjerto de una presencia masiva de mano de obra extranjera, de poca calificación, barata, que no es legal, que no está pagando los costos de la formalización del trabajo, es definitivamente un mecanismo de dumping al mercado laboral».

Argumentó que si un trabajador dominicano, que es una persona con identidad, con documentos, que está obligado el empleador a involucrarlo en los gastos de formalización del trabajo, como por ejemplo, los costos de seguridad social, ese trabajador vale más, sin embargo, aseguró en el mercado dominicano lo que acontece es que el trabajador local paga y el extranjero no paga.

Precisó que ciertamente los empresarios dicen, con mucha razón, que los salarios nominales se corresponden a números iguales, sean dominicanos o extranjeros, y en la generalidad de los casos es así, pero, se preguntó ¿Y el costo que implica la formalización de un trabajador, quién lo paga?.

El Secretario General de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) explicó que a esa situación se añade que el Estado desde el año 2007, por lo menos en el ámbito de la construcción, está estimulando a través de la norma 7-2007, el hecho de que le reconoce como gasto en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a los constructores la contratación de mano de obra extranjera ilegal totalmente irregular e indocumentada.

¿Quién garantiza que ese trabajador está pagando seguridad social, seguro de riesgos laborales, quién garantiza que todos esos costos de formalización están siendo liquidados, y que no está siendo cubicados?, se preguntó, y enfatizó que ese tema tiene que ser enfrentado y formalizado, y que el extranjero debe costar lo mismo que cuesta un dominicano para que el trabajador de este país no siga siendo discriminado.

Asimismo, entiende que las medidas coercitivas que dispone el Estado a través de las leyes para los empleadores tendrán que ser empleadas para que se generen las políticas que permitan que el sector productivo cumpla con una dinámica de migración de retorno en lo que tiene que ver con el mercado laboral extranjero en República Dominicana.

En tanto, sostuvo que la presencia migratoria irregular es difícil de cuantificar, pero que según una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otros estudios realizados al respecto, se estima que en el ámbito de la construcción y de la agroindustria el porcentaje oscila cerca de un 85% y un 90%.

No obstante, reconoce el alto interés nacional que tiene el tema migratorio, y adujo que la sociedad está cifrando sus esperanzas en el hecho de que el Estado dominicano deporte masivamente ciudadanos extranjeros radicados de manera irregular en el territorio nacional, sin embargo, ¨nosotros, tanto cuando estábamos en el Gobierno como fuera de este, hemos sostenido que para poder tener una política migratoria efectiva no basta con tener una política de deportación¨.

Explicó que las políticas de deportaciones son esenciales, fundamentales e importantísimas, pero entiende que no se puede pensar que se tendrá una política migratoria eficaz en un contexto geopolítico como el de la República Dominicana, una isla compartida por dos naciones, sin que exista ningún control migratorio efectivo.

Taveras indicó que antes de salir de la Dirección General de Migración ese organismo estaba listo en lo que tiene que ver con la capacidad de sus recursos humanos y manuales de procedimiento porque está ahí la ley y el reglamento, así como los protocolos firmados con otros estados.