POR FERNANDO QUIROZ
La aprobación por parte del Senado de exenciones de impuestos para el sector azucarero por valor de RD$4,500 millones es un “desatino monstruoso”, y cerraría por completo la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el representante de República Dominicana ante ese organismo, Ruddy Santana.

Igualmente, expresó el funcionario, eliminaría la posibilidad de que el país obtenga recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del mercado de capitales en todo el mundo.

“La errónea decisión del Senado echa por la borda el ingente trabajo realizado por el equipo económico, ya que le produce un hoyo a los ingresos fiscales equivalentes a 0.5% del Producto Interno Bruto”, dijo Santana.

En declaraciones escritas, Santana sostuvo que el gobierno pasado dejó la credibilidad del país en un bancarrota de tal magnitud que, a fin de amar un programa fiscal creíble ante le FMI , se ha tenido que realizar un trabajo “hercúleo” y sostenido de meses que dio sus frutos en la última visita que autoridades y técnicos hicieran al organismo multilateral el  mes pasado.

Insistió en que la decisión del Senado carece de lógica económica y sólo explicable por motivaciones políticas debido al momento en que ocurre.

“En otras palabras”,  expresa Santana, “la decisión del Senado apunta a un deterioro de la confianza que se ha recuperado, a la eliminación de los avances en la estabilidad macro económica y al bloqueo del crecimiento económico el año entrante”.

Ayer el Senado anunció que someterá el proyecto que dispone compensaciones al sector azucarero a un estudio de impacto fiscal para conocer los alcances económicos, beneficios o perjuicios que esas medidas tendrían para el país.

El estudio fue encargado a consultores y asesores de la Cámara Alta, informaron el presidente de la comisión especial que estudia la pieza legislativa, Alejandro Santos,  Salcedo, y Vicente Castillo, Peravia.  

Desde hace varias semanas ha creado polémica en el país el choque de intereses por la eliminación del impuesto del 25% a las bebidas endulzadas con jarabe de maíz que exige los Estados Unidos. El sector azucarero del país mantiene su rechazo a que se elimine el impuesto al denominado sirope, mientras Estados Unidos pone como condición su eliminación para la aplicación del Tratado de Libre Comercio   RD-EEUU-Centro América.

En la última sesión del diálogo nacional, los principales dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional se comprometieron a instruir a sus legisladores para que aprobasen el proyecto de ley que elimina el impuesto al jarabe de maíz.

No obstante, el martes pasado, en una accidentada reunión encabezada por el vicepresidente del Senado, César Matías, 18 senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y dos del Reformista Social Cristiano (PRSC), que desafiaron la decisión de suspender la sesión que tomó el titular, Andrés Bautista García, aprobaron en primera lectura un proyecto del senador Ramón Alburquerque que deroga el impuesto al sirope de maíz, pero establece amplias compensaciones al sector azucarero.

El proyecto de Alburquerque, que modifica el Código Tributario, otorga al sector agroindustrial y, en especial al azucarero, la exención de impuestos de los gastos de reparaciones y mejoras de sus instalaciones, así como derecho a deducir el Impuesto a Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) que debe pagar del que le cobra al consumidor.

Asimismo, la exención del pago de la comisión cambiaria o cualquier gravamen de naturaleza similar de todos los equipos, insumos, repuestos, partes y piezas para esa industria. También elimina el ITBIS y el Impuesto Selectivo al Consumo a los citados productos.

Bautista García, de Espaillat, denunció el martes al dejar la sesión que el proyecto de Alburquerque atendía a intereses económicos extra legislativos para boicotear el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y Centroamérica. Aseguró que entre los que respaldaban esa pieza unos lo hacían por ingenuidad y otros por asuntos económicos y por la intervención de sectores externos al Senado.