La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz pidió ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una “orden de arresto internacional” contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8,000 asesinatos y 17,000 detenciones arbitrarias.
Ortega se reunió durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar “más de 1,000 elementos probatorios”, entre ellos “reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas”, según dijo a la prensa en La Haya.
Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos “asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, comentó Ortega.
La exfiscal dijo que se ha visto “en la necesidad” de acudir a este tribunal porque “en Venezuela no hay justicia”, y mantuvo que en su país “no es posible que se logre sancionar a responsables de esos crímenes». Añadió que ha existido “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil” y que “funcionarios policiales y militares” asesinaron a 1,777 personas en 2015, a 4,667 en 2016 “bajo las mismas condiciones” y a 1,846 hasta el mes de junio de 2017.
La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual “fueron asesinadas 505 personas” y cuyos responsables habrían sido “grupos tácticos de combate”, dijo Ortega. Todos esos crímenes se habrían cometido “bajo las órdenes del Ejecutivo” y amparados “en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social”, indicó.