El exfiscal adjunto del Distrito Nacional y exasesor legal de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DCND), John Garrido, declaró que República Dominicana tiene más del 70% de su población carcelaria en condición de preventivos y es el segundo país de América Latina que más presos preventivos tiene.
Dijo que el país se encamina a ser la segunda nación en el mundo con más población encarcelada sin una condena de un tribunal. Afirmó que esto se debe a que en el país no se cree en la fase de conciliación y a que los jueces emiten sentencias no conforme a la ley, desconociendo la Constitución, los tratados internacionales y la normativa procesal. “Es una justicia injusta”.
Expresó que las cárceles de La Victoria y de Najayo son dos de las cárceles más contaminadas y súper pobladas. Señaló que La Victoria tiene capacidad para poco más de dos mil personas y le colocan más de 8 mil reos.
Garrido manifestó que esto no habla bien del sistema penitenciario. “Sociedades con mayores conflictividad penal, apenas tienen un 46% de sus presos preventivos”.
Critica la cultura penal dominicana, de que no puede haber procesos sin presos, lo que califica de equivocación. Recordó casos emblemáticos en los tribunales, “en los que los imputados esperan su sentencia en su casa, tomando limonadas, como los casos del Banco Intercontinental (Baninter) y el Plan Renove.
Sostuvo que los casos que citó significan que los procesos penales funcionan con la gente en libertad.
En cuanto a la sentencia a los imputados de soborno en el caso Odebrecht, se refirió a los tres legisladores sometidos a medida de coerción, y aclaró que la inmunidad perlamentaria es un privilegio del Congreso, no de la persona.
Garrido planteó que ningún legislador tiene inmunidad procesal. “En el caso de estos legisladores que están en este proceso de Odebrecht, se ha hecho una correcta interpretación constitucional, no se les puede apresar mientras esté la legislatura abierta. Inmediatamente se cierra la legislatura, se puede apresar, analizó el jurista.