El exgerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Arismendy Díaz Santana, afirmó ayer que 100 mil trabajadores dominicanos perderían sus derechos adquiridos a una pensión, si se aprueba sin modificación el proyecto que eliminaría al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS).
Opinó que la propuesta carece de la previsión necesaria para garantizar el derecho de los exafiliados al IDSS a una pensión acorde al mandato de los artículos 42 y 43 de la Ley 87-01 sobre seguridad social y abogó que adopten las previsiones necesarias para evitar daños al trabajador.
Aclaró que está de acuerdo con la disolución del IDSS, “pero sin menoscabar en lo más mínimo los derechos adquiridos por sus afiliados, respetando estrictamente las disposiciones de los artículos 42 y 43 de la Ley 87-01”.
Reconoció que en sentido general, el referido proyecto está bien formulado, ya que hace tiempo que el IDSS debió ser disuelto por inoperante y costoso, víctima de la politiquería que lo asfixió por más de medio siglo y de los grupos de presión que se enriquecieron a costa de sus afiliados.

Citó entre lo que serían perjudicados a 5,000 extrabajadores de los centrales azucareros afiliados al IDSS, que ya formalizaron su solicitud de pensión, pero no han sido atendidos.
Además a 60,000 trabajadores activos, exafiliados al IDSS, que al inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) tenían menos de 45 años de edad y pasaron a cotizar al sistema de capitalización individual.
Otros afectados, según Díaz Santana serían 35,000 trabajadores pasivos, quienes por “años aportaron al IDSS y no eran afiliados activos al Seguro Social al inicio del SVDS”.
Explicó que “La Ley 87-01 en su artículo 42 ordena determinar la deuda actuarial del IDSS a cargo del Estado, mientras el artículo 43 dispone calcular y entregar un bono de reconocimiento a todos los afiliados al IDSS con menos de 45 años de edad, al momento de vigencia del nuevo sistema de pensiones”.
Agregó que ese bono de reconocimiento ganará una tasa de interés anual del 2% por encima de la inflación, redimible al término de la vida activa del trabajador.
Refirió que siendo gerente General del CNSS se contrató una firma internacional que calculó la deuda actuarial del IDSS y estimó el bono de reconocimiento basado en los derechos adquiridos de todos los trabajadores dominicanos afectados por el cambio del sistema previsional.
“Lamentablemente, al salir de la Gerencia General del CNSS ese estudio, como muchos otros dispuestos por la Ley, fue engavetado por lo que, 15 años después, más de 100,00 trabajadores que cotizaron por décadas al IDSS carecen de una constancia oficial sobre los años y la cantidad de cotizaciones al Seguro Social”.
Afirmó que si el IDSS desaparece sin disponer la forma de definir ese derecho, al momento de su retiro esos trabajadores tendrán mucho más problemas, que los que ya tienen condenados desde hace años a pensiones de miseria.
Añadió que la situación se agudiza con los pronósticos de aplicación de una tasa de reemplazo insuficiente y con las altas comisiones de las AFP.
Además, para recibir las nuevas solicitudes de pensión y/o de reconocimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizaron durante los años de vigencia de la Ley 1896.
El exgerente general del CNSS informó que esta semana sometió una propuesta formal a la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso Nacional, que preside el senador José Rafael Vargas, con el objetivo de evitar el daño irreparable para el retiro de más de 100,000 trabajadores si se liquida al IDSS, como se informó esta semana.
Conservar archivos
Díaz Santana sugirió preservar los archivos del Instituto Dominicano de Seguridad Social y crear una comisión técnica legal y actuarial para recibir, estudiar y formular recomendaciones sobre las solicitudes en curso de pensiones de los antiguos afiliados al IDSS, en un plazo de 12 meses a partir de su disolución.
La comisión
Esta comisión estaría presidida por un funcionario calificado de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), e integrada por dos técnicos especialistas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), y dos técnicos especialistas del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).