El exgerente de Edesur, Radhamés del Carmen Maríñez, rompió el silencio y calificó como un acto de venganza que algunos empleados que canceló para evitar actos de corrupción en su gestión, son los que hoy lo vinculan en un supuesto desfalco a las Edes.

En una entrevista que le concedió al programa radial «El sol de la mañana», Del Carmen Maríñez indicó que está seguro de que los supuestos testigos a los que se refiere el abogado Miguel Valerio que confesaron supuestos actos dolosos durante su gestión son precisamente algunos empleados que tuvo que desvincular por prácticas irregulares.

«Nosotros botamos a mucha gente, por muchos actos de corrupción que encontramos, hubo un día que tuve que botar a 21 juntos, inclusive al director financiero. Ahora que ocurre, esos son los testigos. Uno de lo que nosotros botamos por un problema y lo mandamos a la Dirección de Ética ahora resulta que se fue al otro lado (al oficialismo) y es el director de Distribución de Edesur y con toda esa rabia y esa saña … es el hombre que de seguro está dando información», expresó.

El exfuncionario aseguró que de manera consciente nunca realizó actos de corrupción. En cuanto a las compras de medidores de electricidad señala que intentó una negociación directa con ACLARA, empresa que los fabrica, pero esta no quiso, razón por las que Edesur, así cómo las demás Edes comprabas estos objetos eléctricos al representante de la compañía, Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina.

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Destacó que ahora Aclara vende sus vendedores de manera directa a las Edes, porque la actual gestión la acorraló cerrando las empresas y embargando las cuentas de Maxy Montilla.

El pasado 15 de junio, el Estado dominicano se constituyó en actor civil al igual que las entidades Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), Edesur Dominicana S. A. (EDESUR) y la empresa Edenorte Dominicana S. A. (EDENORTE) para depositar una querella en contra de Jiménez Bichara, un hermano y dos cuñados del expresidente Medina por supuestamente desfalcar al sector eléctrico por más de 20 mil millones de pesos.

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Al entramado se les acusa de presunta estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos; asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Querella. Conforme al documento de 322 páginas depositado ante la Procuraduría General de la República, «las indagaciones han puesto en evidencia que Edesur, Edenorte y Edeeste han acumulado «un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada».

Resalta que el supuesto entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en:

• Contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados.
• Se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban.
• Se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo.
• En muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

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