Exigen a Venezuela respetar a colombianos en deportaciones

Migrante colombiano

Colombia. — La cancillería de Colombia exigió el domingo al gobierno venezolano respetar la integridad de los colombianos que sean deportados o detenidos por las autoridades en el desarrollo del estado de excepción decretado en la región fronteriza entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander.

La nota de prensa exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que “antes de aplicar las medidas de deportación (contra ciudadanos colombianos) se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”. Maduro ordenó el viernes el estado de excepción, que incluye el cierre de la frontera.

Desde entonces, cientos de colombianos que radican en Venezuela sin autorización legal han sido expulsados y trasladados en autobuses a la ciudad colombiana de Cúcuta, describió vía telefónica el alcalde Donamaris Ramírez a The Associated Press. Canales locales de televisión mostraron en la jornada imágenes y testimonios de colombianos deportados que narraron maltratos por parte de la fuerza pública venezolana.

Ramírez contó que hay otros tantos colombianos, incluyendo niños y ancianos, regresando de Venezuela por veredas. Y que decenas de venezolanos esperan apostados en los cruces fronterizos para volver a su país.

La cancillería colombiana reiteró en su comunicación la voluntad de buscar canales de cooperación para solucionar los conflictos que ha generado la medida de Maduro con la que intenta combatir el contrabando y el accionar de bandas delincuenciales.

“Insistimos en nuestro rechazo por el cierre de la frontera; éste genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda dejan para los dos países”, rezó la nota.

En la víspera, Maduro dijo que no abrirá la frontera hasta que retorne la paz. La Constitución venezolana establece que los estados de excepción pueden declararse en los casos en que existan circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que “afecten gravemente la seguridad” del país, por lo que se podrán restringir temporalmente las garantías constitucionales, salvo los derechos a la vida, el debido proceso y a la información, y la prohibición de la incomunicación y la tortura.