WASHINGTON. AP. Furiosos con los legisladores republicanos por su negativa a abordar la inmigración, los promotores de la reforma exigen que el presidente Barack Obama utilice sus poderes como jefe del ejecutivo para detener las deportaciones o brindar un poco de alivio a los 11 millones de inmigrantes que residen de manera irregular en el país.

Obama insiste que las leyes le impiden tomar medidas unilaterales, aunque el gobierno lo hizo el año pasado para suspender la deportación de algunos inmigrantes traídos al país cuando eran niños. Últimamente decidió que familiares de efectivos de las fuerzas armadas podían permanecer en el país a pesar de su situación migratoria irregular.

Estas medidas contrastan con las acciones del Departamento de Seguridad Nacional, que ha deportado a un millón 470 mil personas, una cifra récord, durante los cinco años que lleva Obama en la Casa Blanca, de acuerdo con cifras de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las interrupciones sufridas durante varios actos en California el lunes pusieron de manifiesto la insatisfacción con el presidente demócrata, no sólo por la parálisis de la reforma migratoria sino con las políticas de su gobierno.

“íPare las deportaciones! íPare las deportaciones!”, gritaban espectadores a Obama durante un discurso en San Francisco. Un joven lo interrumpió para decir que está separado de su familia desde hace 19 meses.

“íOrden del poder ejecutivo!” era la consigna unificadora en un acto de recaudación de fondos para los demócratas. Obama, ex profesor de derecho constitucional, respondió a las críticas con una clase sobre las normas nacionales.

“Si yo pudiera resolver todos estos problemas sin que el Congreso aprobara leyes al respecto, lo haría”, dijo Obama en el primer evento. “Pero somos un estado de derecho. Es parte de nuestra tradición. Así, la salida fácil es gritar y fingir que puedo lograr algo violando nuestras leyes”.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han rechazado el proyecto del Senado, dominado por los demócratas, aprobado por una mayoría bipartidista en junio. Esta medida de amplio alcance invertiría millones de dólares en la seguridad fronteriza y a la vez daría acceso a la ciudadanía a millones de inmigrantes.