Habitantes y dirigentes campesinos de la comunidad Las Parras, municipio de Guerra, provincia Santo Domingo, se resisten a ser desalojados por la Procuraduría General de la República para dar paso a la construcción de la nueva cárcel de La Victoria, debido a la falta de información concreta sobre el destino que correrán, ya que no se quieren reconocer los predios agrícolas que les sirven de sustento.
Expresan que son nativos de la comunidad por más de 100 años, viven de la agricultura, crianza de animales, sin embargo, la procuraduría pretende trasladarlos a otra comunidad donde se construye un proyecto habitacional, pero sin decirles de que van a seguir viviendo.
Víctor Javier Santana, presidente de la Asociación de Agricultores de Las Parras de Guerra, dice que no se oponen a la construcción del complejo carcelario, sino a la forma como las autoridades pretenden desalojarlos.
Son 16,800 tareas, perteneciente a la parcela 54 del DC28, que considera mucho terreno para el recinto penitenciario, por lo que los campesinos podrían quedarse en la zona, sin ningún problema y seguir cultivando la tierra de la que siempre han vivido.
Invitó al mandatario para que aproveche una actividad cultural que organizan para el domingo 20 de este mes, frente a la capilla La Altagracia, para ofrecerles informaciones al respecto.
Teodoro Lara, del grupo ecológico Tinglar, demanda informaciones sobre estudio de impacto ambiental de la obra que se pretende construir, ya que en la zona existen varias lagunas y ríos subterráneos de donde se abastece una gran parte de los habitantes de Santo Domingo a través de los campos de pozos.
María Marte, con 70 años en la comunidad aclara que no son invasores como pretenden alegar algunas autoridades, por lo que exigen el derecho a la vivienda y propiedades.
Exigen claridad
Campesinos de la comunidad La Parra, en Guerra, provincia Santo Domingo, aclaran que no se oponen a la construcción de una cárcel modelo en ese lugar, pero exigen claridad en cuanto a las pretensiones de la procuraduría y el CEA de desalojarlos y trasladarlos a un proyecto fuera de la zona sin reconocer las propiedades agropecuarias que poseen y de las que viven.