Los senadores Juan Orlando Mercedes, presidente de la comisión de Asuntos Energéticos del Senado, y Euclides Sánchez, pidieron ayer a la Superintendencia de Electricidad que ajuste los precios de los hidrocarburos a la tarifa eléctrica, a fin de beneficiar a la población en proporción a la baja del petróleo.

Mercedes dijo que la caída de los precios del petróleo permitirá a las generadoras de electricidad bajar la inversión en la compra de combustible y, de esa manera, también el costo del kilovatio/hora e igualmente reducir la tarifa a los consumidores.

“Nosotros esperamos que durante este año la situación del sector energético mejore sustancialmente, en el entendido de que los precios del petróleo podrán favorecer grandemente el costo que tiene que erogar el Gobierno para el pago de la factura petrolera”, expresó.

El legislador de Independencia significó que podrá lograrse una rebaja sustancial en el costo de la energía eléctrica, lo que favorecerá a las generadoras y distribuidoras de electricidad.

Manifestó que, en consecuencia, la baja en el costo de la electricidad debe repercutir igualmente en el pago de la factura en beneficio de todos los consumidores.

Por su lado, el senador Sánchez dijo que la Superintendencia de Electricidad debe defender de inmediato a los clientes del servicio energético.

Expresó que la ausencia de protección afecta a la ciudadanía y a los sectores productivos.

Sostuvo que la baja en los precios del petróleo hace posible reducir y transparentar los precios de la tarifa a los abonados.

Destacó que es deber del Estado regular y proteger a los consumidores del servicio de electricidad.

Engaños telecomunicación. En otro orden, Sánchez pidió al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que aplique medidas urgentes en defensa de los abonados de las prestadoras de servicios de telecomunicación, ante las múltiples deficiencias, fallas, defraudaciones, engaños y estafas de que son víctimas los clientes de esas empresas privadas.

Señaló entre las violaciones que cometen las prestadoras de servicios telefónicos la anulación de los saldos disponibles de las tarjetas de llamadas a los usuarios de celulares.