El nuestro es un país muy particular, donde a veces lo bueno y lo malo se confunden y hasta intercambian lugar.  Lo digo por el revuelo que se ha armado en torno a la exigencia de algunas organizaciones de la sociedad civil (de algunas de las cuales soy un orgulloso colaborador) para que la labor del Consejo Nacional de la Magistratura se haga con transparencia.  Por las reacciones a esto pareciera que estas instituciones han pedido la cabeza en bandeja de algunos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Muy lejos de esto, las instituciones ciudadanas lo que están pidiendo es que el proceso de conformación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral –así como la evaluación y designación de los jueces de la Suprema Corte- se lleve a cabo de puertas abiertas y con criterios de evaluación claros.  De hecho, se han abstenido de ejercer el derecho de presentar candidaturas ante el Consejo.

Pero, en un país donde reclamar derechos es mal visto, hasta esto ha sido tratado como sospechoso.  Ha dado pie para que se diga que el problema es que quieren todos los jueces.  Claro, si hubieran presentado candidatos se habría dicho lo mismo.  Palo si boga, palo si no boga.

La desconfianza mutua entre los partidos y la sociedad civil tiene una larga historia, signada por el hecho de que para los partidos las organizaciones ciudadanas sólo son malas cuando están en el poder.  En democracias limitadas como la nuestra, la dirigencia de los partidos políticos se toma muy a mal que la ciudadanía se organice para reclamar un buen gobierno.  Naturalmente, y hay que admitirlo, muchas veces no ayuda el tono con el que la sociedad civil ha elevado sus reclamos.  Ni tampoco el hecho de que, en ocasiones se quiere presentar a los partidos como la fuente de todos nuestros males.

Nada de eso es cierto, como tampoco lo es que las organizaciones ciudadanas son un atentado a la democracia.  Muy por el contrario, son la concreción de los principios democráticos más elementales.  Pedir a un órgano público que actúe con transparencia no es un atrevimiento ni una afrenta, es un deber ciudadano.

No veo, la verdad, cuál es el problema con esto.  No se está pidiendo a los miembros del Consejo que hagan pública su vida privada, sino simplemente sus acciones como funcionarios… públicos. 

Para construir una democracia fuerte es necesario que los partidos políticos y los gobernantes entiendan que tienen que convivir con una ciudadanía activa y respondona.  Esta a su vez tiene que entender que su papel no es deslegitimar todo lo que provenga de los partidos.  Es un equilibrio necesario si lo que buscan ambas partes es hacer funcionar el Estado dominicano de manera efectiva.  Ese es un objetivo común que deben trazarse los partidos  y las organizaciones ciudadanas.  Urge que así sea.

Mientras tanto, y como lo necesario muchas veces debe ceder el paso a lo urgente, el Consejo Nacional de la Magistratura debe actuar con transparencia.