GIOVANNI D’ALESSANDRO
Nuestra nación vive un período tenebroso, debido principalmente a la falta de institucionalidad y el incumplimiento reiterativo de las normas establecidas en nuestra Constitución y las leyes existentes.

Los dominicanos hemos venido luchando desde el 1991 con la cruzada por elevar el nivel y la calidad educativa concertando el Plan Decenal de Educación que culminó con la promulgación de la Ley General de Educación 96/66 en el 1997, la cual establece que el presupuesto para la educación pre-universitaria y técnica debe ser un 4% del PIB o un 16% del Presupuesto (el que sea mayor), igualmente establece el mecanismo para administrar estos recursos a través del Consejo Nacional de Educación, compuesto por los distintos sectores del país.

Desde su promulgación hace 10 años ha sido reiteradamente irrespetada por todos los poderes de los tres partidos mayoritarios que componen el quehacer nacional, ya que no se ha ejecutado un presupuesto mayor al 2.9% del PIB (cifra récord en el 2002). Ninguno de los gobiernos ha sometido un presupuesto apegado a esta Ley y ninguno de los legisladores de ambas cámaras ha objetado los mismos, lo que resulta paradójico y penoso si queremos esgrimir la bandera de la institucionalidad.

La semana pasada el Consejo Nacional de Desarrollo se reunió para redactar el presupuesto nacional para el 2008 que someterán al Congreso Nacional para su aprobación como Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley Gastos Públicos del 2008 y para indignación nuestra, sólo proponen el 10.5% del presupuesto nacional para educación, cuando la ley establece el 16% del presupuesto o el 4% del PIB. Esto nos obliga a elevar nuestro reclamo en el cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Educación y exigir que se dejen a un lado las excusas, ya que nuestro país puede asumir un gasto público significativamente más eficiente y efectivo. Y las prioridades trastocadas que nos han venido imponiendo nuestros gobiernos están divorciadas con nuestra realidad, la cual requiere de un enfoque serio de nuestras verdaderas necesidades acordes a nuestras posibilidades y no seguir dándonos lujos en derroches que ni siquiera los países ricos se atreverían a plantear.

La educación de todos nuestros ciudadanos es un derecho inalienable establecido por nuestra Carta Magna, que también es reconocido por todas las naciones del mundo, hasta por aquellas de regímenes totalitarios. Los que sufren las mayores consecuencias del incumplimiento de esta Ley son los más desposeídos, lo que aumenta cada día la brecha socio-económica entre ellos y los más privilegiados.

Despertemos y exijamos un presupuesto con el 16% o el 4% del PIB para la educación como dice la Ley, hasta que nuestra voz sea escuchada. Con menos de 500 dólares al año por estudiante, tal como plantea esta propuesta, resultará imposible sacar nuestro sistema educativo de su estado calamitoso.

Para el proceso de cambio necesario se requiere que se cumpla como mínimo lo que nuestra Ley establece y que Dios nos ayude en lo adelante.