POR LEONORA RAMÍREZ S.
Si no hay voluntad política para dotar de recursos económicos al Poder Judicial fracasará la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, advirtió Alejandro Moscoso, quien encabeza la Comisión de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.

Aunque el funcionario reconoció que en este momento las autoridades tienen esa actitud, insistió en que sin la suficiencia económica los sujetos procesales no podrán ejercer su labor correctamente.

«El punto neurálgico de la aplicación de este nuevo código es la voluntad, y en este momento existe», expresó al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, al que asistió en compañía de Fabiola Medina, presidenta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Ramón Núñez, asesor de la misma, y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón.

El nuevo código está en vigencia desde el lunes 27 de septiembre, y forma parte de una corriente jurídica que ya está establecida en varios países de América Latina.

Moscoso se refirió a otros aspectos positivos de la citada legislación, como es la creación de una nueva figura jurídica: el juez de la ejecución de las penas.

«Ese funcionario judicial va a tener como función esencial el velar porque la sanción por la cual fue condenada una persona se cumpla de manera satisfactoria».

Consideró que ese juez podría ser el garante de la problemática de los indultos, porque de alguna forma este podrá emitir las recomendaciones necesarias al Procurador General de la República, para que este pueda someter al Presidente de la República la lista de los eventuales desagraviados.

Durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) se masificaron los indultos, al extremo de que la última lista, que sería aprobada el 16 de agosto pasado, llegó a 504 recomendaciones.

EL CODIGO NO FAVORECE A DELINCUENTES

Núñez, quien participó en la elaboración del código, negó que la pieza defienda los derechos humanos de los delincuentes, en desmedro de las víctimas, como se ha planteado en algunos foros.

El jurista consideró que la nueva normativa fortalece el papel de la víctima, porque ésta deja de ser un actor civil al convertirse en un ente con pretención penal.

«La gente debe estar segura de que este instrumento da mayores garantías de seguridad ciudadana, porque incrementa la capacidad de investigación del Ministerio Público, haciéndolo dueño de esta».

Núñez destacó que la investigación no puede ser la labor de un sólo hombre, por lo que ahora intervienen en ella el fiscal y la policía, pero en los casos de criminalidad especializada el código tiene un capítulo en el que se duplican los plazos para el proceso, que se amplían hasta 18 meses.