RAFAEL TORIBIO
Un gran éxito en lo económico, pero un rotundo fracaso en lo político institucional resume la historia del país en los últimos cincuenta años: hemos sido capaces de lograr, durante más de cinco décadas, de manera ininterrumpida, un alto crecimiento económico que no se ha traducido en el nivel de desarrollo humano e institucional que la disponibilidad de esos recursos debió haber hecho posible.

Hemos dispuesto, como ningún otro país en América Latina, de los recursos económicos suficientes para haber alcanzado un mayor grado de desarrollo. Sin embargo, nuestras clases dirigentes prefirieron postergar la ejecución de políticas públicas que significaran desarrollo social, así como hacer las reformas institucionales necesarias para contar con un Estado eficiente y responsable. Este fracaso político es también el fracaso del liderazgo nacional.

Esta irresponsabilidad histórica de nuestros dirigentes es uno de los hallazgos más importantes del Informe del Desarrollo Humano que próximamente pondrá en circulación el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Pero además de dar cuenta de esta lamentable realidad, el informe nos indica las causas por las cuales se produjo y, lo más importante, señala pautas a seguir para que no se continúe teniendo crecimiento económico sin desarrollo humano.

Durante cincuenta años la economía dominicana creció, de manera sostenida, a una tasa promedio de un 5% del PIB, crecimiento no logrado por ningún otro país de la región en un lapso de tiempo similar. Pero es bueno señalar que este crecimiento económico se ha producido en un período en el que se han sucedido diferentes gobiernos, y frente a condiciones externas distintas, unas favorables y otras adversas. A pesar de esto, pudimos crecer, evidencia de que como país tenemos una capacidad demostrada de generar riquezas.

No obstante este logro sin precedente en toda América Latina, las condiciones sociales de la mayoría de la población no han tenido una mejoría proporcional a la riqueza social que hemos sido capaces de producir. A pesar de generar los recursos para haberlo logrado, los avances en términos de bienestar y desarrollo humano han sido muy limitados. Sólo para citar algunos ejemplos, aún reconociendo un aumento en la cobertura, la calidad de la educación nos perfila como uno de los países con mayores dificultades para responder a la competitividad; la cobertura de salud es altamente insuficiente, como también lo es la calidad de los servicios; la seguridad social, sobre todo respecto al seguro de salud, es tema todavía pendiente; la pobreza en vez de disminuir aumenta, al igual que la desigualdad social.

En lo institucional, también tenemos un gran déficit. La corrupción sigue restando posibilidades de cobertura y calidad en servicios sociales e infraestructura; el estado de derecho es aún precario; el incumplimiento de la ley es norma practicada, sobre todo por quienes tienen que aplicarla; el clientelismo determina la actividad política y el concepto patrimonial de la administración pública prevalece sobre la profesionalización y estabilidad del funcionario público. La estructura del Estado en vez de hacerse más racional y eficiente, se amplía y distorsiona.

¿Por qué, disponiendo de los recursos, no hemos podido lograr un desarrollo humano e institucional que se corresponda con la disponibilidad de los mismos? Quizás estén en algunas de las razones que se exponen a continuación.

Inexistencia de un proyecto de Nación compartido donde cada gobierno haga énfasis en la ejecución de objetivos mantenidos como permanentes. La falta de voluntad y responsabilidad políticas, primero de los gobernantes y luego de grupos sociales con influencias, para realizar los cambios que beneficien los intereses de las mayorías y no de particulares. Función depredadora del sector privado y de los grupos políticos que han privatizado al Estado y a la propia política. Exclusión deliberada en las grandes decisiones nacionales de sectores sociales que pueden representar verdaderos consensos y no simple concertación que sólo beneficie a las partes encontradas que se ponen de acuerdo. Y, finalmente, la falta de políticas públicas, o ejecución de las existentes que, como decisión deliberada del Estado, procure un verdadero desarrollo humano.

Para no repetir lo que hemos hecho hasta ahora, mantener la capacidad de generar recursos y transformar el crecimiento económico en desarrollo social, necesitamos compartir un proyecto de Nación, que debe ser el resultado de un gran Pacto Nacional, que incluya lo económico, lo social y lo político. Se requiere también la recuperación de la política y la revalorización de los políticos; un Estado para la democracia, no que sea más grande sino más eficiente y más responsable; una economía con rostro humano en la que el bienestar de las personas sea más importante que las cifras; mecanismos institucionalizados de participación social con la incorporación e involucramiento de los sectores excluidos en la elaboración de las decisiones y en su ejecución.

El Presidente de la República ha hecho un llamado para la realización de un gran acuerdo nacional. El Informe Nacional de Desarrollo Humano, por su parte, hace evidente que hemos dispuesto de recursos, pero no de decisión política y de compromiso de la clase dirigente para aplicarlos al desarrollo de las personas. Esta coincidencia es una oportunidad para iniciar un proceso que asegure el crecimiento económico y su transformación en desarrollo humano, y hacer que el éxito económico se convierta en un éxito también político sobre la base de una voluntad política y un compromiso del liderazgo nacional que produzca las reformas institucionales necesarias y postergadas.