Hoy 
Con el novedoso sistema de transporte escolar, TRAE, el Estado dominicano reduce paulatinamente la distancia que separa de los centros públicos a la gran masa estudiantil de bajos recursos disminuyendo gastos y costo de la vida a familias que envían hijos a clases garantizando la llegada a tiempo y segura a las aulas y combatiendo el ausentismo y deserciones en adición a otra gran inversión pública de apoyo a la docencia proporcionando alimentos, útiles y uniformes a los alumnos. El dinero de los contribuyentes dirigido a una causa social de primer orden y por ese lado el país está venciendo obstáculos al proceso de instrucción de niños y jóvenes para garantizarles el futuro. Vale reconocerlo en ocasión de las preocupaciones que genera la frecuencia con que la Asociación Dominicana de Profesores respalda sus demandas al Ministerio educativo -que en ocasiones podrían ser justas- paralizando labores en las escuelas; un luchismo que solo el año pasado afectó a casi un millón y medio de alumnos de acuerdo a un puntual registro dado a conocer por la federación de asociaciones de padres y tutores.
La entidad califica de catastróficos los daños causados al proceso nacional de enseñanza-aprendizaje. A la conciencia de quienes reducen la actividad educativa llega un mensaje que proviene de una alta instancia del partido PLD que controla a la ADP: el gremio debe contribuir a que el sistema educativo funcione bien. De acuerdo con la medición de interrupciones que responsablemente han llevado a cabo los progenitores de quienes tienen su porvenir en juego por embestidas sindicales que la sociedad ha condenado sin lograr respuestas positivas, los paros afectaron en el 2024 a 4,800 centros docentes públicos (nunca lesionan colegios privados). Una batalla contra la calidad de la educación que concentró perjuicios sobre las provincias de Santiago, La Vega, Puerto Plata e Higüey. Un desparajo violador del derecho a la educación.
