El exjuez del Tribunal de Tierras Marino Álvarez Alonzo atribuyó  el cúmulo de expedientes en esa dependencia a deficiencias de la Ley de Registro Inmobiliario en cuanto a los deslindes de terrenos, por las cuales se tarda años en emitir un fallo. Consideró,  además, que ese procedimiento suele ser muy costoso para los propietarios  de inmuebles.

Álvarez reconoció el interés del expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa para dotar al país de una Ley de Registro Inmobiliario (108-05), aunque el tiempo ha demostrado que ya esa legislación debe ser modificada para ajustarla a las circunstancias. Indicó que esa ley ha convertido a los tribunales de tierra en un caos en el tema de los deslindes.

Recordó que la ley plantea que si los deslindes  no son contradictorios deben ir de Mensura al Registro de Título y si así lo fueren deben ir a jurisdicción ordinaria, pero ningún juez debe fallar un expediente de deslinde hasta tanto  se le demuestre que cada uno reúne sus  condiciones para fallarlos.

Consideró que la Ley 108-05 es injusta en cuanto a los deslindes, porque carga económicamente al propietario de terrenos, ya que si tiene 10,000 metros y hay que deslindar 1,000 el proceso se debe hacer completo a un costo de más de RD$100,000. “Este es un crimen que debe ser corregido inmediatamente”, expresó Álvarez.

Dijo, además, que las fallas de la  ley también crean  dificultades para los constructores de condominios, pues para obtener un certificado de título duran hasta más de un año.

Sugirió que el actual presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán Mejía, debe reunirse con los  jueces del Tribunal Superior de Tierras  para someter las modificaciones legales necesarias. Consideró que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales debe tener un abogado  que compruebe  que la solicitud de deslinde está completa y hasta que esto suceda, ese expediente debe permanecer en esa dependencia.

Indicó que tan pronto el expediente esté completo, y no sea contradictorio,  debe ser enviado al Registro de Títulos correspondiente o si no a la jurisdicción ordinaria.

Planteó que sean sacados los empleados de la Suprema Corte que trabajan en la Jurisdicción Inmobiliaria y dejar a los funcionarios encargados que dirijan los departamentos del Tribunal Superior, Registro Inmobiliario y Mensura Catastral.

Indicó que los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria no tienen personal suficiente para dar respuesta a los tantos casos pendientes. Álvarez apuntó  que la ley establece  un plazo de 30 días para fallar un expediente ya completo, pero los jueces fallan al año o dos  y los  interesados no tienen  dónde pedir el fallo.

Dijo que existe un departamento en la Suprema Corte de Justicia a dónde acudir, pero no funciona. Llamó, además,  a que se mejoren  los salarios del personal del Poder Judicial.

Álvarez Alonzo fue juez del Tribunal de Tierras en el Departamento Central hasta el pasado mes de marzo cuando fue pensionado.

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División

En materia de tierra existen tribunales  regionales: Central, Norte y Nordeste. El Central abarca las provincias del Sur, el Este y la Capital;  en el Norte tiene bajo jurisdicción nueve provincias del Cibao, y la del Nordeste  abarca seis provincias.

Faltan más

La ley contempla uno en El Seibo y uno en Azua, pero aún no han sido puestos en funcionamiento.