Las exoneraciones  dispuestas por la Dirección General de Impuestos  Internos (DGII) para  librar de impuesto al sector agropecuario deberían de  establecerse mediante la Ley 11-92, y no por norma como ocurre en la actualidad.

La sugerencia la hizo el presidente del Centro Dominicano de Estudios Tributarios (CEDET), José Segura, quien explicó que  desde 2008 la DGII ha exonerado al sector agropecuario   de los  pagos; de los anticipos del Impuesto sobre la Renta, del 1% del Impuesto a los Activos y de  la retención del impuesto sobre los pagos realizados por el Estado.

Indicó que aunque  la  Ley 11-92, que establece el Código Tributario, no exonera al sector de esos impuestos,  sí  excluye a  los terrenos ubicados en zonas rurales y los inmuebles por naturaleza de las explotaciones agropecuarias.

“En este sentido, parece justo el reclamo de los directivos de la Junta Agroempresarial,  que estas exenciones sean dispuestas por la ley; más aún si se toma en cuenta que este es un sector generador de divisas y de empleos”, explicó Segura tras ser consultado sobre la queja de los empresarios agrícolas sobre las cargas tributarias que pesan sobre ese sector.

Consideró en ese sentido  que un pacto fiscal contribuirá a que se haga una reforma fiscal integral que garantice,  por un  lado, una recaudación sostenida  y elevar la productividad del gasto público, mediante una  redefinición adecuada del rol del Estado.

“Una reforma fiscal integral realizada a través de un pacto fiscal no significa necesariamente la creación de nuevos impuestos ni tampoco elevar las tasas de los ya existentes, significa un compromiso recíproco entre todos los sectores para que la carga tributaria sea distribuida de manera equitativa”.