Además de tratar de obtener crédito por siete meses de los derechos aduanales, según se ha publicado: algunos consorcios empresariales han gestionado con aparente éxito la exoneración del pago del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y del 1.5 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas hasta julio del presente año, trascendió ayer.

Por lo menos, Hoy fue informado del caso de un consorcio empresarial cibaeño que logró la exoneración del pago de esos dos gravámenes durante el período señalado.

Es extraña esta práctica que entra en contradicción con planteamientos públicos hechos por el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, Félix García, quien ha afirmado que en el país lo que debe hacerse es cobrar eficientemente los impuestos y no crear cargas impositivas adicionales al sector productivo, sin renunciar de manera alguna al pago de los impuestos existentes.

Se explicó que cuando se concede este tipo de facilidades se perjudica el fisco con una disminución en sus indispensables recaudaciones y se da un tratamiento discriminatorio en favor de quienes se agencian este tipo de concesiones, en perjuicio de sus competidores, a menos que no sea la intención generalizar esta preocupante práctica.

Además, se indicó que el otorgamiento de este tipo de facilidades no se comprende en momentos en que se han creado nuevos impuestos ante las necesidades de recursos adicionales que tiene el gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante el otorgamiento de las señaladas concesiones a algunos grupos, se recibió la información de que ya en la Capital otros consorcios empresariales están haciendo gestiones para que se les concedan esas mismas facilidades.

A esta información sobre la exoneración del ITBIS y el 1.5 por ciento por lo menos a todas las empresas de un consorcio empresarial, se agregan las gestiones que han venido haciendo algunos empresarios para que se les concedan créditos por el pago de los derechos aduanales.

Los solicitantes de estos créditos, tal como se había informado en una publicación en el período Hoy el 12 de enero, han pedido que las deudas asumidas a través de esos créditos sean saldadas en un plazo de siete meses.

«O sea, de acuerdo a estas gestiones, el pago de las deudas se haría en el mes de agosto, que coincide con la toma de posesión del gobierno que sea electo el 16 de mayo o en la segunda vuelta electoral», se indicó en la señalada publicación.

La fuente que dio esa información afirmó que la experiencia indica que en casos semejantes en épocas pasadas, en las que se han concedido este tipo de facilidades, ha quedado en duda la seguridad del posterior cobro total de deudas injustificadas contraídas por algunos importadores con el Estado por concepto de impuestos no pagados oportunamente.