La acusación formalmente presentada el viernes sobre lo que el Ministerio Público describe con impresionantes perfiles ante un juzgado de instrucción como un entramado corrupto de máximas dimensiones, abre concomitantemente ante la opinión pública, interrogantes sobre lo que se afirma venía ocurriendo en el país desde tiempo atrás en el acceso a cuantiosos bienes públicos bajo ejercicios de poder y de complicidades.

Imposible, desde la grada, y en irrespeto a la majestad de la Justicia, poner sello alguno al voluminoso expediente que menciona a exfuncionarios y familiares del expresidente Danilo Medina como habiendo incurrido en enriquecimiento ilícito, cuya mera enunciación estremecería al más insensible de quienes se sumergieran en su amplitud de detalles.

Respetando el derecho a la presunción de inocencia hasta adquirir la calidad de lo definitivamente juzgado, la sociedad pasa al seguimiento de este y otros procesos en marcha o en consolidación de encausamientos que deberán llegar, indefectiblemente, a un transparente final para la inusual persecución a supuestos daños graves al Estado y la nación.

Cabe confiar en la llegada al pleno establecimiento de verdades con el país como testigo y atento a la dilucidación de acusaciones por jueces de más de una instancia y de los que se espera probidad absoluta.

Estos juicios se proclaman por sí mismos como hitos históricos de la emprendida judicialización de supuestos actos de corrupción.

Las acusaciones obligan a la objetivad de jueces y comunicadores

Si la corrupción intuida preocupa tanto, la Justicia tiene que proceder

La imparcialidad de tribunales debe brillar para la historia