El debate público sobre alegadas y costosas imperfecciones de grandes plantas de carbón en la provincia Peravia, con cuestionamientos a contratos para instalar la gigantesca obra, pone en actualidad, además, lo crucial del futuro de esa entrega plena de la pasada administración estatal a la generación a base de la más desacreditada fuente calorífera por sus efectos al ambiente.

Catalina fue defendida ante la opinión pública como panacea contra los altos costos de la electricidad proveniente del sector privado y para desde el poder influir en el mercado con producción propia.

Una terquedad gubernamental minimizó los inevitables daños a la naturaleza y a la salud humana que procederían del más sucio de los combustibles energéticos.

Se cerraron los oídos a voces expertas y a los balances negativos que arroja al mundo la procedencia fósil del material que a pesar de lo tanto que la parte interesada dijo lo contrario, escapa a tecnologías que reduzcan su derivaciones contaminantes.

La tendencia universal, desde antes de que se pusiera la primera piedra en la costa banileja para el desfasado proyecto, es a abandonar esa forma de responder a los consumos energéticos.

El pronóstico más razonable es que Catalina no va a dejar de pesarle a este país mientras no se proceda a modificarla.

La opción más promisoria y factible es la de emprender la transformación que permita mover las unidades con el abundante y amigable gas natural.

Excesivo peso de los vínculos

Los actos atribuibles al nepotismo o movidos por claras cercanías de parentesco entre quienes nombran y quienes se benefician de cargos, han tenido presencia desde comienzo del cuatrienio.

Ejecutivos de distintos ámbitos sufragados por contribuyentes que no pueden substraerse a la tentación de tirar hacia su bien aprovisionado coto estatal con todo y familia. A veces también con amigos.

Los partidos siguen abrazados al criterio de asociatividad, casi tribal, que lanza a algunos dirigentes (no a todos) a ingresar agrupados a las ubres nacionales, un tratamiento patrimonialista a la «cosa pública» (¿Es por ello que el Erario lleva ese apodo?).

Pero la extensión de beneficios desde el poder a parientes es también motorizada por la malévola intención de tratar: «a lo que nada nos cuesta, haciéndole fiesta».