Tras cuestionamientos a la anterior gestión por una Procuraduría General que estrenaba recia independencia, el órgano que examina actuaciones en el seno de la administración pública, que es la Cámara de Cuentas, pasó en teoría desde abril a llenar, con la renovación de sus titulares, consensuada y respetando procedimientos, el vacío de exhaustiva vigilancia sobre los recursos públicos que los contribuyentes solventan, quizás no suficientemente.

Una función constitucional de primer orden y alto costo en un país en el que investigaciones periodísticas aportan con frecuencia indicios de irregularidades y manejos deliberados en ámbitos de Estado y descentralizados.

Fiscalización a ser contundente también sobre autonomías de excesiva discrecionalidad que no deberían escapar a escrutinios. La tendencia a aislarse como parcelas o apéndices del todo que es el Estado, coloca a veces a entidades en un injustificado nivel de superioridad en materia de gastos, sueldos, viajes y beneficios extras.

El ejemplo más patético reside en el estatus aparte que caracteriza a las cámaras legislativas, que claramente resultan las más costosas del mundo en remuneraciones básicas y beneficios adicionales y complementarios. Como entes amparados en el principio de la separación de poderes de la República, la independencia permite a los legisladores autoasignarse beneficios por encima de los que reciben parlamentarios de países más desarrollados y ricos, en contraste además con limitaciones presupuestarias para fines sociales que fuerzan a mayor endeudamiento público.

Las críticas que decenio tras decenio se formulan a privilegios congresuales no han dado lugar a propósitos de moderar sus altos consumos.

En cuanto a las expectativas creadas con la nueva Cámara de Cuentas, falta saber si su flamante acción revisora inicial ha estado dirigida hacia lo allí hallado por indagaciones ministeriales que incluso allanaron más de una vez, con idea de incriminar a los miembros anteriores, la sede del organismo puesto en duda, burlonamente llamada por el pueblo “El Huacalito” en alusión al vicio político-gubernamental de llenar locales del tren administrativo de personal supernumerario.

¿Cuándo se verá en acción a la nueva Cámara de Cuentas?

Se pregunta si el órgano fiscalizador necesita más auditores

Los cotos que funcionan como cuotas de poder deben desaparecer