Hoy 
La reciente juramentación como gobernadora del Estado libre asociado de Puerto Rico de la señora Jennifer González fue escenario para anunciar con demasiado optimismo y con la presencia del presidente Luis Abinader, un programa conjunto de ambos países caribeños asociados a Estados Unidos para enfrentar graves problemas de suministros energéticos comunes; allá por estar parcialmente desplomado el suministro atrapado en fragilidad endémica del sistema; y aquí porque a pesar del enorme potencial de capacidad instalada la generación está extraordinariamente subordinada a subsidios estatales que gravitan onerosos sobre las finanzas públicas. Unir energéticamente ambos territorios mediante inversión estadounidense para instalar un cable submarino y reforzar con mil millones de dólares la producción eficiente de electricidad en beneficio de los dos países aparece como una panacea. Pero la incógnita está en el proyecto gubernamental dominicano de, en solo dos años, generar excedentes para vender a Puerto Rico (?) sin que haya comenzado siquiera una reducción de las enormes pérdidas que caracterizan a las EDES que en un año dejan de cobrar más de una tercera parte del fluido vendido.
Si el Gobierno dominicano ha dado su anuencia a este esquema es porque de él se apoderó al fin la firme voluntad de enfrentar la persistente incapacidad de cubrir los costos de hacer que haya luz en el país aun estando bien dotado, ciertamente, de hidroeléctricas de embalses repletos de caudal y funcionando establemente mientras se avanza en reducir la dependencia del petróleo aprovechando más el sol, el viento y el gas natural y el GLP. Sin que tampoco se vea al Estado acometiendo la enorme tarea de suprimir incapacidades y obsolescencias de transmisión que causan mermas en líneas. Un estudio reciente llevó a colocar a la República Dominicana en el liderazgo de pérdidas tanto técnicas como comerciales por encima de las que afectan a países de África como Kenia y Uganda que solo pierden entre un 19% y un 18% siendo aquí de un 28.4%.
