POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Al transcurrir el primer año del gobierno del presidente Leonel Fernández su mayor logro es sin duda el haber podido recuperar la estabilidad macroeconómica, en términos que han superado las mayores expectativas, con crecimiento económico, y notable reducción de las tasas cambiarias y de intereses y control de la inflación.

Aunque la reforma fiscal que a fines del año pasado elevó impuestos, el desbordado aumento del costo del petróleo y las restricciones monetarias han impedido que esos logros sean percibidos por la población.

Una revisión del discurso inaugural del doctor Fernández arroja un balance pobre en el cumplimiento de sus planteamientos de lucha contra la corrupción, austeridad en el gasto y enfrentamiento de la crisis energética, del déficit cuasi-fiscal y de la criminalidad, así como en la política social, pendientes para su segundo año.

EL MAYOR DE LOS LOGROS

Ni los más mezquinos pueden regatear al gobierno su éxito en la recuperación de la estabilidad macro-económica en términos que no habían sido previstos ni siquiera por los exigentes negociadores del Fondo Monetario Internacional, aunque se pueden discutir las consecuencias de las restricciones monetarias que han generado una sobre valoración del peso, estimada entre 25 y 30 por ciento.

A un año del inicio del período gubernamental del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resalta que la economía está creciendo a más de un 4 por ciento en la primera mitad del año, que la tasa de cambio cayó de un 42 al 29 por ciento y la inflación se encuentra por debajo del 1 por ciento. Las tasas de interés por certificados del Banco Central han caído a menos de la mitad del 36 por ciento en que se situaba a mediados de agosto del 2004.

Aunque la recuperación del peso, y la baja de los intereses y la inflación se habían iniciado desde que concluyó sin mayores problemas el proceso electoral del año pasado, la salida del poder del presidente Hipólito Mejía y el ascenso de Fernández implicaron una dilución de las incertidumbres que junto a los fraudes bancarios y el desbordamiento del gasto habían contribuido al descalabro económico nacional.

La tasa de crecimiento reportada por el Banco Central para lo que va del año es más sorprendente porque el gobierno ha constreñido la inversión y ejecutado un programa de control del sistema financiero que ha limitado los préstamos, lo que junto a la sobre valoración del peso ha afectado a sectores productivos como los exportadores, las zonas francas y el turismo, así como a los receptores de remesas, todo lo cual contribuye a la percepción de que «no hay dinero en las calles».

Una meta económica que no ha podido alcanzar el gobierno es reducir el déficit cuasi-fiscal, que por el contrario se elevó de 90 mil a 140 mil millones de pesos, para un crecimiento superior al 50 por ciento. Parece haberse diluido el anuncio del presidente Fernández en su discurso inaugural de que empresas nacionales y extranjeras se habían comprometido a depositar divisas de futuras inversiones en los bancos del Estado a una tasa privilegiada, con los cuales esperaba desmontar el déficit del Banco Central fruto de haber asumido compromisos de los tres bancos quebrados en el 2003.

Otro fallo significativo de este primer año, siguiendo el discurso de juramentación, ha estado en no haber logrado enfrentar con éxito la crisis energética, que sigue sin horizonte de solución, agravada por los incesantes aumentos en los costos del petróleo, en más de un 50 por ciento de los predominantes hace un año. La energía se ha encarecido afectando las actividades productivas y la economía familiar y las tandas de apagones siguen generando frustraciones.

AUSTERIDAD Y CORRUPCIÓN

Tres de las mayores frustraciones, que explican en parte la inconformidad ciudadana registrada en la encuesta Gallup que ha publicado HOY esta semana, están en la ausencia de una real política de austeridad y reducción del gasto corriente, una pobre política social y falta de voluntad política para prevenir y combatir la corrupción.

En su discurso de juramentación, el presidente Fernández se comprometió a un período de austeridad, con reducción del gasto en no menos del 20 por ciento, a suprimir los cargos en exceso, a suprimir gastos superfluos y los privilegios de los cónsules a los cuales se asignaría sueldos. Nada de esto ha ocurrido.

Tampoco se ha cumplido la promesa de que no se comprarían nuevas jeepetas, si se mide por la categoría de los vehículos en que se mueven los funcionarios, y ni siquiera el desorbitado precio del petróleo ha generado una real austeridad gubernamental.

Aunque prometió designar sólo los subsecretarios señalados por las leyes orgánicas, a los pocos días los mismos alcanzaron volúmenes sin precedentes, hasta de docenas por secretarías. Lo mismo ocurrió con los vicecónsules designados en racimos, incluyendo más de una veintena en Nueva York.

La reducción del gasto ha afectado la inversión pública, pero no la reducción del empleo, lo que quedó evidente al firmarse a principios de año un nuevo acuerdo con el FMI. La meta en esa materia fue congelar los cargos públicos a nivel de octubre del año pasado. Inversiones como los 240 millones de pesos en mobiliario y decoración del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y más de un centenar de millones para remodelar la nueva biblioteca de la Universidad Autónoma, dejaron mal parada la prioridad en el gasto gubernamental.

En cuanto a la política social del gobierno, para nada ha podido paliar la miseria de la franja de indigentes. El programa «Comer es Primero», diseñado para auxiliar a 200 mil familias, sólo recientemente ha alcanzado más de la tercera parte. Aunque el gobierno ha mantenido el subsidio al gas propano de las familias, y la energía de los barrios y el programa de desayuno escolar.

La promesa de enfrentar «con energía y de manera drástica» la corrupción, también ha quedado en la recámara del gobierno. Ello explica que el 85 por ciento de la población entiende que la impunidad predomina en el país, según la encuesta Gallup-HOY. El gobierno central ha seguido contratando las obras públicas y comprando sin concurso, una de las mayores fuentes de corrupción. Aunque el programa de medicamentos esenciales, donde se ha comprado mediante licitaciones, ha logrado reducir los costos hasta en 30 por ciento.

PARA EL SEGUNDO AÑO

Sin embargo, sólo ha transcurrido el primer año del gobierno peledeista y todavía quedan expectativas de un mejor desempeño, que debe incluir en primer lugar, una serie de reformas para instituir mecanismos de control y rendición de cuentas, aunque las tentaciones de la campaña electoral que ya se inicia prematuramente, conspiran contra los controles del gasto y la austeridad.

Para dar una firme demostración de voluntad en la prevención de la corrupción, el presidente Fernández tiene a mano un recurso efectivo, que además sería muy bien acogido por la opinión pública: el llamado decreto puente elaborado por la Comisión Nacional de Etica que establece concursos y licitaciones para las contrataciones y concesiones de obras y para las compras del Estado.

El proyecto lleva más de dos meses en manos del mandatario y regiría hasta que el Congreso apruebe una nueva ley al respecto. La Cámara de Diputados trata de conciliar el proyecto que ya tenía consensuado a principios del año, con otro que envió en febrero el presidente Fernández.

El gobierno también iniciaría con buen pie su segundo año, si completa el consenso para que esta vez la reforma fiscal no se quede sólo en lo tributario, e incluya una real política de austeridad y disminución del gasto corriente. Así mismo se impone una política agresiva de ahorro de energía como forma de enfrentar siquiera parcialmente los desorbitados precios del petróleo que llevarán la factura petrolera dominicana a cerca de 3 mil millones de dólares este año.

Fuentes palaciegas indican que el doctor Leonel Fernández no tiene programado un discurso formal para el inicio de su segundo año, pero podría aprovechar el escenario del Palacio de los Deportes donde la tarde del martes será instalado el nuevo comité central de su partido.

Sería una buena ocasión para atender los requerimientos de la opinión pública y plantear un compromiso firme con reformas institucionales para garantizar prioridades de inversión, para la transparencia y la rendición de cuentas, como una nueva ley de presupuesto, reforma del sistema de gestión financiera, y leyes de competencia, del crédito público y de protección del consumidor.

El sector empresarial ha venido reclamando esas legislaciones como complemento de la reforma fiscal. Incluyen también proyectos de leyes para otorgar autonomía a la Dirección de Impuestos Internos, para eficiencia tributaria, para modificar el título 1 del código tributario y para una ley de reorganización mercantil y de liquidaciones.

El gobierno conserva una buena tasa de aprobación, con un 42.4 por ciento que estima buena y muy buena su gestión, según la encuesta Gallup-HOY. Tal promedio es considerable en cualquier país latinoamericano donde la deuda social acumulada degrada en meses el apoyo con que se instalan los gobernantes.

La encuesta le ha indicado caminos a recorrer para evitar que prosiga el deterioro de su apoyo, que ha reducido la identificación de la población con el PLD a un 43 por ciento, 14 puntos menos que los que obtuvo en los comicios del año pasado. La inflación, la creciente inseguridad y la persistencia de los apagones, deben tener atención especial en la agenda para el segundo año del gobierno.-