Las condiciones salariales de un sector de la nación, incluyendo a las capas inferiores de la Administración Pública, no son las apropiadas para la realidad del costo de la vida; tampoco es suficiente el ingreso promedio (no solo los mínimos de ley) que se calcula para toda la masa laboral. Algo cambia en ese panorama desde este mes en el que han de llegar aumentos de casi un cien por ciento para los empleados públicos de menor categoría y que hasta ahora regresaban a sus hogares al final de cada mes con poco más de cinco mil pesos. Categorías hasta los 30 mil experimentarán incrementos de un 10% y un 5%.

Siendo el Estado el mayor empleador individual del país, un reajuste de remuneraciones que alcance franjas nominales extensas está llamado a sentirse en muchas economías familiares, aun cuando una buena parte sigue quedando fuera de solventar necesidades plenamente. El momento es oportuno para enfocar en toda su amplitud la debilidad en adquirir bienes para lo esencial o para mejorar la calidad de vida en que se encuentran muchas personas que aportan su fuerza de trabajo sin compensaciones adecuadas por estar sometidas al esquema de salarios mínimos, sectorizados o no, que desde viejo y como gran deuda social están distanciados del crecimiento de la economía y del encarecimiento de los precios. En modo alguno contribuyen al ascenso social a que tiene derecho todo ser humano.

Reclamos de mayor control

La colaboración entre autoridades especializadas en perseguir delitos contra la salud y el empresariado de medicamentos arroja algunos frutos ante un comercio ilícito que afecta la libre competencia y coloca en gran riesgo a los consumidores. La lucha contra adulteraciones y falsificaciones de productos medicinales ha avanzado; pero quienes llegan al mercado con artículos fraudulentos no se han quedado atrás. Operan con recursos económicos y técnicas de más envergadura y tienen bastante éxito en escapar a fiscalizaciones. El comercio irregular de medicinas exhibe increíble capacidad para lograr autorizaciones de ley sin llenar requisitos, una muestra de debilidad en controles que deben ser infranqueables. Procede reclamar un combate más efectivo a un tráfico dañino al que están expuestos indiscriminadamente los ciudadanos.