Un experto  en propiedad intelectual y asesor legal de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), afirmó hoy que la comercialización de medicamentos ilegales, sin registros sanitarios y algunas veces falsificados ha ido en aumento en forma preocupante en la República Dominicana.

El licenciado Jaime Ángeles Pimentel advirtió en ese sentido que, “la situación toma matices más oscuros cuando algunos casos que llegan a la justicia no son comprendidos por los jueces quienes descargan a los implicados”.

El especialista precisó que con sus fallos los jueces han establecido desconocer las leyes sanitarias.  Se preguntó partiendo de estas premisas que si la Secretaría de Salud Pública debe velar porque no se importen alimentos vencidos y hay personas que lo hacen, ¿quiénes serían los responsables penalmente, SESPAS o los importadores ilegales?  Explicó que si por ejemplo se venden en la calle CD´s pirateados y como ONDA debe velar por la protección del derecho de autor, ¿el responsable del delito sería ONDA o los que comercializan con la piratería? “Los medicamentos sin registro sanitario deben ser erradicados del comercio cotidiano en la República Dominicana y una forma de hacerlo es con ejemplos sancionadores contra los que recurren a esa práctica”, enfatizó el experto y consejero legal. Citó dos fallos en los que dijo se advierte cierta permisibilidad de la justicia en casos tan delicados como la comercialización y falsificación de medicamentos.

Ángeles  manifestó que en los casos llevados contra la Farmacia Las Emergencias, localizada en la Carretera Mella, la inspección realizada por el Ministerio Público encontró medicamentos ilegales que se almacenaban y vendían sin poseer registro sanitario. Deploró que aunque se constató que eran ilegales los medicamentos encontrados en este negocio, el tribunal de primera instancia (Primer Colegiado del Juzgado de Primera Instancia) falló a favor del propietario de esta farmacia, el imputado Domingo Geovanny Minaya Santana.

Indicó que en su decisión el tribunal alegó que la comercialización de medicamentos sin registro sanitario “es una responsabilidad de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), y no de la farmacia o la persona que los esté comercializando, es decir, que éste tribunal entendió que el imputado no incurrió en violación alguna por la venta de medicamentos ilegales”.

Criticó que el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo declarara no culpable por alegadas insuficiencias de pruebas al administrador de la farmacia Las Emergencias, Minaya Santana. Precisó que éste estaba acusado  de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 110, 155.13 y 156 de la ley 42-01 en perjuicio de ARAPF y que, de hecho, -apuntó el licenciado Ángeles Pimentel- el mismo tribunal expresa en la sentencia “que no se pudo establecer la forma cómo se hace Salud Pública para marcar los registros sanitarios”.

Dijo que la situación se agrava, en tanto, cuando la sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo rechazó el recurso de apelación interpuesto por los abogados de ARAPF, licenciados Angeles Pimentel y Gregorit José Martínez Mencía en contra de la sentencia del tribunal colegiado de primera instancia. Ángeles  sostuvo que la situación creada por estos dos fallos resultó más preocupante porque en la Corte de Apelación los jueces se pronunciaron también en el sentido de que “la misma legislación establece que Salud Pública debe tener el control de estos medicamentos desde el momento de importación”. 

Explicó que de esta manera la Corte de Apelación apoya la decisión de primer grado que en su motivación señala que solamente la SESPAS es responsable de la venta de medicamentos sin autorización y “no la persona que lo está vendiendo al público”.