En el país existen alrededor de un millón 900 mil motocicletas, de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), vehículos que se han constituido en dolor de cabeza para las autoridades, ya que constituyen el 70% de los accidentes de tránsito.
Además una gran proporción de los asaltos y atracos se producen en motocicletas por la facilidad del desplazamiento, incluso en medio de taponamientos.
De la cantidad de motocicletas que circulan, alrededor de 200 mil se dedican al motoconcho, según el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Oscar Almánzar, aunque dice que una buena parte no está regulado por las autoridades.
El ingeniero Angel Segura, exdirector de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), atribuye el crecimiento del parque de las motocicletas a la ausencia de un sistema de transporte masivo que responda a la demanda de la población.
Segura, quien fungió hasta agosto pasado como director de Tránsito y Movilidad Urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional, señala que ante la ausencia de un sistema seguro y confiable de transporte, las personas optan por buscar soluciones individuales, no solo con la obtención de una motocicleta sino de vehículos como carros, yipetas y otros.
Por eso, dice, se observan casi siempre a dos miembros de una misma familia en un motor circulando por calles y avenidas; y el motoconcho se incrementa como alternativa.
Sin regular. Sostiene que el gran problema que existe en el país con las motocicletas es la falta de regulación, por lo que estas se han convertido en un problema vial, social, de salud y de seguridad.
Expone que en los países de Asia el uso de la motocicletas es masivo, sin embargo, no existen los problemas que causan esos aparatos en la República dominicana, debido a que en esos países ese transporte se ajusta a las reglas.
Deplora que apenas un 10% de quienes conducen motocicletas en el país porten licencias para conducir, lo que indica que tampoco cuentan con seguros, aparte de que un gran número que tampoco tiene matrícula.
Problema de Estado. Por eso, afirma, el Estado se ve obligado a asumir el costo de los accidentes de esos conductores con una alta inversión en salud porque en su mayoría acuden a los hospitales públicos, cuando no mueren en el acto.
Además del motoconcho en el país crece el uso de la motocicleta en los colmados, las farmacias, pizzerías y otros establecimientos que envían las mercancías a domicilio.
Por otro lado, estos aparatos también tienen un uso intensivo en la mensajería de oficinas, plazas, e industrias, por la facilidad para desplazarse rápidamente de un lugar a otro, obviando los tapones.

La Ley. Estima que lo primero que debe hacer el Gobierno es que se cumpla la Ley de Tránsito igual para todos, en la que ningún motociclista circule sin el casco protector, sin licencia, seguro y matrícula.
Considera que el uso de la licencia como documento oficial es de vital importancia, ya que hay control del poseedor, además de que para renovarla se necesita un certificado de no antecedentes penales.
Entiende que la medida que se pretendió implementar de que solo se permitiría el uso de una persona en la motocicleta fracasó porque se demostró que en la mayoría de los casos estos aparatos se utilizan como medio familiar.
El motoconcho. El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Oscar Almánzar, declaró que alrededor de 200 mil personas viven de esa actividad en el país.
Considera que, a pesar de que esa entidad tiene organizado esa actividad en 27 provincias del país, hace falta que el Estado tome en serio la regularización.
Indica que el motoconcho es una realidad en el transporte, ya que son las ambulancias de los barrios y las comunidades alejadas de la ciudad.
Aclara que la mayoría de los asaltos y atracos que se ejecutan en motocicletas no corresponden a quienes utilizan ese medio para trabajar, por el contrario ellos son víctimas de la delincuencia.
Sugiere que todo el que salga en una motocicleta a las calles esté identificado, de lo contrario, sea detenido hasta que demuestre la propiedad del aparato y la actividad que desempeña.
Lamenta que no haya una política efectiva del Gobierno para regular el tránsito de las motocicletas. Asegura que en el caso del motoconcho Fenamoto lo hace con sus miembros para que no tengan problemas con las autoridades.
“El motoconcho es una actividad comercial que general cientos de millones de pesos al año al Estado, nosotros somos los que más compramos gasolina en las estaciones porque hay muchos vehículos que utilizan otros combustibles y en cada galón buena parte va al Gobierno”, expresa.
Sostiene que también el comercio se nutre de esa actividad, ya que la gran mayoría de los miembros de la entidad son padres de familias, por lo que los recursos que obtienen en el día se los comen en la noche.
Las redadas. Oscar Almánzar deplora los operativos que practican los agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) contra los motoconchistas, ya que estos son los que están mejor identificados.
Condena que sus miembros salgan a las 6:00 de la mañana a ejercer su labor y de repente sean detenidos por una unidad de la Policía Nacional o por un agente de Amet, quienes montan el aparato en una grúa para llevárselo a sus depósitos, donde tardan hasta una semana para recuperarlos.
Exige la regulación total de ese medio de transporte para que de una vez termine la persecución y se busque el desorden en otro lado.
En cuanto a la inseguridad, expresa, dice que los motoconchistas son las principales víctimas, ya que alrededor de cien son asaltados cada mes por personas que se montan como pasajeros para despojarlos de sus aparatos.