El analista presupuestario José Rijo afirmó ayer que el Presupuesto Complementario sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso es una aberración y viola la Constitución, porque contiene un acuerdo de préstamo dentro de una ley de emisión de bonos.

Afirmó que los acuerdos de préstamos se aprueban en el Congreso mediante resolución, y primeramente deben ser firmados por el Ejecutivo y especificar las bases del mismo.

Dijo que la Ley de Presupuesto lo que autoriza al Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit de 2012 es a utilizar RD$10,000 millones de letras del tesoro, que es una línea de crédito que no constituye una deuda pública. Agregó que esa línea de crédito debe ser cubierta durante el período fiscal que termina en diciembre, con los recursos de este año.

Qué se ha hecho. Rijo indicó que lo que han hecho Hacienda y el Poder Ejecutivo es someter al Congreso un proyecto de acuerdo de préstamos dentro de una ley de emisión de bonos, al incluir en esta última un artículo 3 que autoriza al Poder Ejecutivo a convertirla en línea de crédito; es decir, se incluye esa conversión en el proyecto de modificación del presupuesto, y se especifica el gasto.

Lo que procede. Al participar como invitado en el programa Uno + Uno, el experto dijo que la autorización exige primeramente ver el acuerdo, luego someterlo al Congreso para determinar de cuánto se va a disponer dentro de ese presupuesto para la partida que se está concertando.

No se puede incluir una magnificación del presupuesto en una emisión de bonos que aún su ley no ha sido votada, subrayó.

Sostuvo que el proyecto de ley de emisión de bonos debe ser una ley específica aparte de la del presupuesto, y debe aprobarse primero, porque para considerarse cierto que esos ingresos van a ser percibidos, tiene necesariamente que haberse dado la ley de emisión de los bonos, tienen que emitirse los bonos y colocarse en el mercado de valores, afirmó.

Dijo que dada esa situación en el Presupuesto Complementario no hay manera de saber cuántos son los ingresos ni los egresos, y cuál es el monto requerido, sino el monto global, e indicó que la Constitución es clara al respecto en su artículo 233.

¿Por qué una aberración? Rijo señaló que si se analiza la ejecución presupuestaria de las instituciones beneficiadas con este nuevo presupuesto al 31 de mayo, no hay justificación para el incremento que se les está haciendo.

Citó como ejemplo el caso del propio Congreso, al cual se le reasignan RD$300 millones sin justificación.

También el de Industria y Comercio, cuyo presupuesto será incrementado en RD$4,385 millones, equivalentes a un 167% de su asignación original para pagarle a REFIDOMSA, y se preguntó cómo es posible que no hubiese planificación para saber que ese pago se tenía que hacer.

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Un absurdo

El experto en presupuesto consideró un absurdo que a Obras Públicas, que ha ejecutado el 76% de su presupuesto, se le incremente el 57% ; al Tesoro , que ejecutó el 83%, se le incremente un 73%; a la Presidencia, que ya había ejecutado el 57.84%, se le adicionen un 18%, mientras que a Educación que ha ejecutado un 32% de su presupuesto no se le incremente nada. Aquí se ha violentado a tal extremo, que las instituciones siguen endeudándose administrativamente, lo cual está penalizado también por la ley.