Tras reconocer que el tránsito ha colapsado en el Gran Santo Domingo debido al caos y los interminables tapones, el asesor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Onéximo González, se mostró optimista y citó una serie de medidas que se están adoptando para enfrentar el problema.

“La ciudad está colapsada porque, quizás, somos el único país en el mundo que su sistema de movilidad o transporte público está fundamentado en vehículos deficientes, como los carros públicos”, precisó.

En ese sentido, dijo que para enfrentar la situación, el gobierno ha puesto en marcha el sistema integrado colectivo de transporte y una red alimentadora, es decir, los corredores con autobuses confortables para sustituir los carros de concho y el motoconcho. Este último medio de transporte ocasiona más del 70% de las muertes en accidente de tránsito.

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El experto en la materia fue abordado sobre el tema durante su comparecencia en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde participó junto al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, y otros directivos de la entidad gubernamental. En su narrativa, el funcionario dijo, además, que el problema se puede resolver en seis meses, tomando medidas como prohibir los “giros a la izquierda”.

No obstante, puntualizó que de acuerdo a la experiencia en toda América, superar este caos se ha tardado al menos cuatro años. Otro aspecto importante a considerar son los recursos económicos.

Recordó que la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla un 75% de lo recaudado por multas para la Procuraduría General de la República y el 25% restante para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Adujo que en el Congreso Nacional está bajo estudio un proyecto de modificación que propone, entre otros aspectos, la redistribución de los fondos.

La propuesta sugiere que un 30% de los fondos recaudados por multas esté dirigido al gobierno local donde se produjo la infracción, un 25% a la Procuraduría, un 25% al Intrant y otro 20% a la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).