POR DIEGO PESQUEIRA
Cristian Hernández Gálvez, un experto chileno en reforma procesal penal, criticó el gran número de medidas de coerción que se dictan en los tribunales dominicanos y aconsejó mejorar la calidad de los representantes del Ministerio Público e independizarlos del Poder Ejecutivo. Dijo que la preparación de los fiscales es necesaria para mayor éxito del nuevo sistema de justicia puyes, según afirmó, los procesados tienen ventajas cuando los defensores están mejor preparados que los fiscales.

Expresó preocupación por la gran cantidad de medidas de coerción (prisión preventiva) que se dictan en los tribunales dominicanos, ante pedimentos de los fiscales, destacando como negativo que en un 34% de las audiencias entre enero y marzo se haya solicitado a los jueces prisión por tres meses.

«Pedir una medida de coerción de tres meses de prisión es demasiado tiempo, pero peor aún es que cuando pasan los tres meses y el fiscal no ha presentado la acusación de manera automática se prolonga por diez días, lo cual me parece bastante duro contra los imputados», dijo.

Declaró que vio una situación como la antes citada en un tribunal del Distrito Nacional, razón por la que dice estar sorprendido de que en la República Dominicana se diga que el nuevo Código «es muy flojo».

Manifestó que a diferencia de la República Dominicana, en Chile se solicita prisión preventiva contra los procesados en menos del 15% de los casos.

La reforma procesal empezó a implementarse en el país el 27 de septiembre del 2004.

Hernández Gálvez sostiene que se debe fortalecer el Ministerio Público en muchas áreas, puesto que ha podido observar que los defensores públicos están mucho más avanzados.

«Mi impresión es que la defensa está más avanzada que el Ministerio Público», apuntó el experto chileno, quien dijo haber observado varias audiencias antes de llegar a esa conclusión.

«Yo diría que el Ministerio Público está un escalón por debajo de lo que están el Poder Judicial y la Defensoría Pública», indicó.

No obstante, aclaró que lo que observó en los tribunales del Distrito Nacional puede que no sea representativo de la realidad de la implementación de la reforma.

Dijo que ha observado en otras naciones que los defensores son muy débiles y que los fiscales son «unos tígueres», por lo que el juez entonces trata de ayudar a la defensa.

«Me parece que aquí (en República Dominicana) si bien no puedo hacer una aseveración me parece que la defensa está un poco arriba del Ministerio Público», indicó.

Explicó que en ante esta situación lo que pasa con regularidad es que el juez trata de ayudar a la parte más débil, lo cual se debe evitar.

COORDINACIÓN

Estimó que hay dos puntos neurálgicos para que el nuevo sistema funcione bien: la primera es la relación entre fiscales-policías, determinando la mejor estrategia jurídica para perseguir de manera efectiva un hecho, y el segundo punto son las audiencias, logrando que se lleven bien, con calidad de debates y a tiempo.

«Si hay muchas audiencias suspendidas por una u otra causa, entonces el sistema se verá afectado», afirmó.

Dijo, también, que cuando una de las cuatro instituciones que deben actuar contra la delincuencia, fiscales, policías, jueces y defensores, se encuentra fallando, entonces la reforma procesal tendrá sus tropiezos.

Entiende que el éxito del nuevo Código Procesal Penal depende de que todos los elementos actúen de manera coordinada y con la debida capacitación. Estimó que en República Dominicana ha pasado lo mismo que en otras naciones que se encuentran inmersa en un sistema de justicia similar, donde cada quien debe aprender sus funciones.

«La primera fase consiste en que cada uno aprenda a tocar su instrumento. Yo te diría que aquí (en República Dominicana) algunos más otros menos están dominando su parte», precisó. A seguidas agregó que el próximo desafío de los dominicanos es hacer que todos los elementos actúen juntos y bien.

Entiende que el nuevo sistema, luego que se acoplen todos los elementos, empezará a dar resultados.

INDEPENDENCIA

Hernández Gálvez sostiene que para garantizar el éxito de la reforma procesal en el país debe existir un Ministerio Público fuerte e independiente del Ejecutivo.

«Yo creo que la piedra fundamental para que este sistema funcione es tener un Ministerio Público fuerte e independiente del Ejecutivo», precisó. Manifestó que sólo con independencia los fiscales podrán tomar las decisiones adecuadas en cada caso.

Dijo, además, que el darle estabilidad a los fiscales, es también una garantía para un buen servicio en favor de la ciudadanía. Sostuvo que ningún fiscal se esforzará en mejorar si existe el temor de ser cancelado cada cuatro años.

SEGURIDAD PÚBLICA

Admitió que durante su visita al país ha visto a través de los medios de comunicación las denuncias sobre los problemas de seguridad pública, donde se le carga el dado a los jueces diciendo que sueltan a los delincuentes.

En este sentido, Hernández Gálvez, dijo que en muchos de los casos no es culpa de los jueces, sino que los fiscales no llevan bien preparados los expedientes a las audiencias y exponen mal las pruebas.

«Entonces los jueces tienen que fallar en base a los que las partes le ponen en su conocimiento», precisó. Entiende que quizás ante esta situación puede que «se este soltando gente que una habría que soltarla ante la debilidad de las pruebas de cargo, lo cual no es problema de un juez».

Además, sostiene que el problema de seguridad pública no se resuelve en los tribunales.

«A mi juicio los tribunales no están para resolver el problema de seguridad pública, puesto que hay otros componentes sociales, económicos y políticos», apuntó.

JUSTICIA

En cuanto al desempeño de la justicia, sostuvo que ha mejorado de manera significativa en los últimos 10 años. Indicó que los jueces han recibido muy buena capacitación para la implementación del nuevo Código.

«El Poder Judicial ha mejorado mucho en el país, si uno lo compara con el Poder Judicial de diez años atrás», apuntó.

PERFIL

Hernández Gálvez, quien fue contratado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia con el auspicio del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), tiene ocho años de experiencia en consultoría internacional, operativa e informática.

En el ámbito judicial ha participado y dirigido proyectos de consultoría en Chile, Venezuela, Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador y República Dominicana.

En estos países ha trabajado con Poder Judiciales, Consejos de Magistratura, Ministerio Público, Defensorías Penales o Policía Judiciales, entre otras actividades.

Dijo que tiene la misión de revisar el plan de implementación de la reforma y ver su nivel de cumplimiento, así como sugerir algunas medidas que permitan tener un plan actualizado, adaptado al momento que se esta viviendo, porque ya hay fases quemadas, hay leyes modificadas y normas en marchas.

«Ahora el desafío es lograr que el sistema produzca resultados y me parece importante que la opinión pública este pendiente y exija cuentas sobre los resultados», agregó.