San Juan.- Eric LeCompte, experto en asuntos financieros, dijo hoy que para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico es necesario llevar a cabo un proceso ordenado de quiebra, lo que, además, evitará que se agudice la crisis.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

LeCompte, director de Jubilee Estados Unidos, coalición de grupos religiosos que defiende a los sectores sociales más vulnerables, afirmó hoy a Efe que espera que la Junta de Supervisión Fiscal de la isla apruebe este viernes en la reunión que celebra en Nueva York un proceso ordenado de quiebra para reestructurar esa deuda.

Explicó que para que se inicie el proceso, la Junta de Supervisión Fiscal, entidad establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) aprobada por el Congreso estadounidense, deberá hacer valer el título III de Promesa.

La recomendación de LeCompte llega a solo días de que termine -a finales del presente mes- la moratoria que establece esa ley por la que cualquier demanda de los acreedores no puede pasar a trámite en ningún juzgado.

A partir de mayo los acreedores de Puerto Rico, a no ser que se recurra al título III de Promesa, podrán acudir a los tribunales para recuperar su dinero.

El plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión establece que se dediquen cerca de 800 millones de dólares anuales para cubrir el pago de la deuda, solo un 20 % de lo que se debe a los acreedores.

A partir del 1 de mayo, con el fin de la moratoria para litigios, se podrán recuperar las demandas “congeladas” y presentarse nuevas reclamaciones, algo que según analistas financieros pone en riesgo la ejecución del plan fiscal ya certificado por la Junta de Supervisión.

Ante ello, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, se dirigió por carta a miembros del Congreso de EE.UU. para comunicarles la crítica situación.

Carrión detalla en la carta, parcialmente divulgada por la prensa local, que los acreedores no van a acceder en el recorte del 80 % que les propone el Gobierno y que el Ejecutivo, si no se accede a esa quita, simplemente no podrá prestar servicios y pagar pensiones.

Apunta que bajo el título VI de Promesa, que establece acuerdos extrajudiciales sobre el pago de la deuda, se ha intentado llegar a acuerdos sin éxito.

Tanto LeCompte como otros analistas apuntan a que solo queda como recurso el título III de la ley.

La entidad que establece activar el capítulo III es la Junta de Supervisión Fiscal, lo que significaría presentar una petición de quiebra ante la Corte del Distrito federal para Puerto Rico.

En caso de que la petición de la Junta de Supervisión sea aceptada por la Corte federal quedarán paralizadas todas las demandas, a lo que seguirá una petición de reclamaciones de los acreedores que el Gobierno podrá objetar y sobre las que decidirá el tribunal.

Si la Corte federal acepta la objeciones del Gobierno los acreedores podrán recibir menos de lo reclamado o nada.