POR ELVIS LIMA
Un experto español en materia de Reforma Constitucional pidió ayer al presidente Leonel Fernández detener el proyecto de reforma que contempla enviar al Congreso Nacional, por estimar que el procedimiento utilizado para conocer el sentir de la mayoría no ha sido el más correcto y hay temas que ameritan ser analizados con mayor profundidad.

Miguel Pachas consideró que la consulta popular es muy limitada porque solo permite al ciudadano responder si, o no a la hora de expresarse libremente sobre un determinado tema, y a la vez, restringe las discusiones.

Denunció que en el caso de la nacionalidad tiene la sospecha de que se pretende cambiar el criterio para sustituir el Jus Solis por el Jus Sanguinis, y advirtió que de ser así, la República Dominicana podría ser condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Dijo que cuando la gente se siente que no es tomada en cuenta como merece a la hora de tomar decisiones como estas de las reforma, pierde el interés por la misma.

Manifestó que debido a esa situación es que el mandatario debe «detener la máquina por un momento», ya que en una reforma no debe haber temas excluyentes.

«Esto es grave porque no genera lo que se llama en el mundo constitucional, lealtad constitucional, y entonces la gente no hace suya dicha reforma, porque el patrón para hacerla siempre es el mismo, se hace de forma vertical, y esto es un gran riesgo», estimó Pachas.

Durante su intervención en el «Foro Ciudadano Como Mecanismo de Participación Social en el Contexto de las Reformas», Pachas indicó que la reforma hay que hacerla, pero con calma, ya que la misma tiene un efecto pedagógico de primer orden en el individuo.

Señaló que temas como el de la nacionalidad ameritan ser analizados con mayor profundidad a la hora de aprobarse una eventual Reforma Constitucional.

Manifestó que de acuerdo a lo establecido en la Consulta Popular se llegó acuerdo en todo, menos en  el tema de la nacionalidad, lo que hace más preocupante la situación.

«Esto es sumamente grave porque contraviene lo que dice la Corte Interamericana, la cual le ha dicho al Estado dominicano, que el tema de la nacionalidad no es solo de su competencia, sino que tiene que hacerla de acuerdo a las obligaciones internacionales que ha asumido», precisó Pachas.

A juicio del también miembro de la Comunidad Andina de Juristas el marco de derecho a la nacionalidad tiene dos niveles; el de los derechos humanos y el constitucional, los cuales deben ser cumplidos a la hora de conocer cualquier reforma.

Consideró que de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos, el país ha asumido una serie de compromisos internacionales para respetar ciertos derechos y asumir obligaciones concretas como son; la no discriminación e igualdad de la Ley, y la obligación de no generar apátridas. Aseguró que de permitirse el cambio de nacionalidad de Jus Solis por el Jus Sanguinis más del 30% de la población que reside en la República Dominicana podría quedar sin ser reconocida, y por consiguiente sin personalidad jurídica, lo cual sería muy grave.

«Si estas personas quedan sin personalidad jurídica, no tienen derecho a nombre, serían más fácil de explotar en término laborales, le pagarían un salario ínfimo, y sus hijos no podrían ir a la escuela, lo cual sería muy grave», aseguró Pachas.

Consideró que desde el punto de vista de la participación la Constituyente es el mecanismo más idóneo para reformar la constitución dominicana, y no la Asamblea Revisora como contempla el presidente Leonel Fernández.

Además de la Reforma Constitucional durante el foro realizado en el Centro Bonó, fueron analizados los temas; Foro Ciudadano y Participación Social, Salud y Seguridad Social y Equidad de Género, entre otros.

La Conferencia del Episcopado Dominicano había solicitado a la Suprema Corte de Justicia que diera una solución definitiva sobre el Jus Solis y el Jus Sanguins, tomando en cuenta la difícil situación de la República Dominicana.

Breve perfil

Además de licenciado en derecho, Miguel Pachas, es candidato a doctor de la Universidad de Oviedo y Salamanca de España, es especialista en derecho público y constitucional, y también  tiene un diplomado en derecho constitucional.

En España ha laborado para Ciudadanos del Mundo y asesor en materia de educación.

En América Latina ha ofrecido servicios a varias organizaciones no gubernamentales y la Comisión Andina de Juristas.