El coordinador de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Fulgencio Severino, planteó una reforma a la ley de Seguridad Social que contemple la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como intermediarias del sistema, que, a su juicio, solo en 2020 obtuvieron ganancias por más de 6 mil millones de pesos y negaron servicios, coberturas y atención de salud de calidad a la población.

Durante su participación en el programa La Verdad Ante Todo, que produce y conduce la periodista Rosa Alcántara, por Rumba FM, el experto dijo que la posición del CMD es que se elimine la intermediación privada para romper con el esquema de negación de derecho a la población. “Que se eliminen totalmente las ARS y nosotros planteamos una intermediación publica que no sea financiada por la seguridad social”.

Severino dijo que la pandemia de la COVID-19 ha mostrado la fragilidad del sistema de salud dominicano, en el que ha habido muchas improvisaciones por parte del gobierno, con un gran gasto público.

Aseguró que el objetivo del Sistema de Seguridad Social dominicano no es la atención de los enfermos y de la población afiliada sino el garantizar la rentabilidad de los intermediarios que son las ARS. “Se ganaron más de 6 mil millones de pesos en el 2020, mientras el dinero escaseaba para la población, existían grandes beneficios para las intermediarias”.

Criticó la variación del Plan Básico de Salud, el cual se restringió con un catálogo de atenciones que dejaba afuera la mayoría de las atenciones y cuyas excusas son aprovechadas por las ARS para negar servicios y atención al a población, convirtiéndose en un gran negocio.

“Hay que reformar la ley y existe la posibilidad de que el gobierno y el Consejo Nacional de la Seguridad Social presionen para que la las ARS ofrezcan el Plan Básico de Salud que está en la ley”; indicó.

Severino indicó que hay mecanismos que se pueden utilizar para mejorar la atención, aunque el sistema fue creado para que las intermediarias obtengan grandes beneficios.

Dijo no estar optimista de que pueda haber un cambio en la calidad del sistema de salud del país, porque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que controla el Congreso Nacional y el Ejecutivo no actuarán contrario a la filosofía de hacer más ricos a los ricos y a los pobres más pobres.

El dirigente del CMD criticó que en el gobierno de Leonel Fernández cediera a las presiones de las aseguradoras para limitar el Plan Básico de Salud.

Planteó que se defina el plan de salud que requiere el país para garantizar una cobertura y prestación de atención sin exclusiones y que el gobierno sea garante del derecho de todos los ciudadanos a tener seguridad social. En ese sentido, sugiere que el gobierno complete el financiamiento de la seguridad social desde el presupuesto nacional.

Criticó los altos costos en la gestión del Seguro Familiar de Salud y del Sistema de Pensiones, señalando que el sistema tiene que aportar recursos a todas las instituciones intermediarias con la aprobación de un 10% de los gastos administrativos, lo que considera excesivo, además, de adicionar a favor de las ARS los dineros que no se utilicen.

“Según mis cálculos Los beneficios de las ARS en los 13 años que tiene el sistema son de 53 mil millones de gastos administrativos y 20 mil millones de beneficios. En RD de cada 100 pesos que se gasta en salud la población gasta 44 pesos, es decir, que se habla de una situación que se supone que era el principal objetivo de la reforma, de que la gente gastara menos”, indicó.

Lamentó que en el país hay personas que venden su casa, piden en la calle, salen de lo poco que tienen para poder garantizar una atención frente a enfermedades que padecen, lo que califica de daño y fatal.

Con respecto a las Administradoras de Fondo de Pensiones, el doctor Severino dijo que la situación no es diferente a las ARS y dijo que la reforma de pensiones que se aprobó en el país es injusta porque hay personas que no completarán el tiempo establecido para cotizar y los que completan y quedan sin empleo no pueden recibir sus ahorros como quisieran porque las AFP se los programan.

El también presidente del Movimiento Patria para Todos favoreció que a algunos trabajadores se les adelante el dinero de sus pensiones si se encuentra desempleado.

El especialista dijo estar opuesto al sistema de capitalización individual, por el contrario, está de acuerdo con un sistema de reparto.

 “Todo el que trabaje que contribuye para dar la pensión a todo el que no trabaje. Que la pensión mínima sea del 60% del salario; que para tener derecho a esa pensión se cotice al menos durante 20 años y si cotiza menos tenga derecho a una pensión que se la puede completar el Estado, pero siempre en función de su salario que nunca sea menos del 40 al 50% de su salario”, indicó

Recordó que la pensión es una restitución del salario que ganaba el empleado y que, aunque no trabaje de manera formal tiene derecho a una pensión porque paga impuestos, tal y como lo establece el artículo 39 en el párrafo 3, de que si una persona no alcanzaba la pensión el Estado se la completaría.

 “Pero el Estado dominicano es un estado asaltante, es un estado dirigido por políticos corruptos que lo que menos le importa son los derechos de las personas”, expresó.

Afirmó que la prioridad del gobierno es emitir dinero a los grandes sectores financieros y criticó que los afiliados del régimen subsidiado no tengan acceso a los medicamentos de manera gratuita.

Con respecto a las Unidades de Atención Primaria criticó que se quiera mantener el sistema fragmentado, “una UNAP para el sector pobre y otro para el contributivo”. “Eso no funciona la UNAP es territorial, pero como el gobierno anda siempre cediendo ante los planes de mayor rentabilidad de las ARS no quiere imponer que el sistema del primer nivel de atención sea único para toda la población donde puedan ir los pobres y se la pueda facturar a las ARS”.

Consideró que la única posibilidad de un primer nivel de atención es que sea de carácter territorial, universal, cerca de la población, que dé seguimiento a las familias, en el que los médicos vayan a las casas de las personas y se les facture a las ARS.