El artículo 317 del Código Penal está viciado de inconstitucionalidad, por lo que el Congreso tiene la responsabilidad de hacer las correcciones para que la discusión que cursa en las cámaras refleje el mandato de la Constitución, planteó ayer el constitucionalista doctor Cristóbal Rodríguez Guzmán.

El jurista consideró también que el debate respecto a la despenalización del aborto en tres situaciones que interfieren con la vida y dignidad de la madre no está cerrado, de acuerdo a lo que plantea el artículo 37 de la actual Constitución.

El Congreso debe hacer que el que se discute refleje lo que establece la Carta Magna, dijo Rodríguez.

El actual artículo 37 de la Constitución asegura que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

¿Con qué derecho? En ese orden, planteó que se irrespeta el derecho a la dignidad de una mujer que ha sido violada o que corre riesgo de morir, cuando se le obliga a llevar en su vientre un feto que es producto de una acción criminal.

Lo mismo puede decirse si una niña queda embarazada como producto de una relación incestuosa: cómo se puede violar su dignidad obligándola a llevar un embarazo de un familiar cercano, muchas veces su padre, cuando todo fue producto de un crimen, dijo el abogado experto en derecho constitucional.

En el mismo orden, la abogada y feminista María de Jesús Pola (Susi) insistió en el derecho que tiene la mujer a que se le interrumpa un embarazo en el caso de incesto, violación sexual y cuando su vida esté en peligro.

Los dos expertos hablaron al participar ayer en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Rodríguez y Pola ven que en el país hubo grandes avances en el debate que se produjo en torno al antiguo artículo. Hubo verdaderos debates en torno a un tema que había estado cargado de tabúes, como es el de la despenalización del aborto.

¿El aborto y la vida? En el Congreso, en la modificación de la Constitución del 2010 se intentó prohibir absolutamente el aborto. De acuerdo al constitucionalista, si el embarazo de una mujer constituye una amenaza para su propia vida y si conforme al texto constitucional la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, impedir que esa mujer suspenda el embarazo -para poder sobrevivir al mismo- entraña una flagrante violación a su derecho a la vida, asegura el doctor Rodríguez en un estudio para despenalizar el aborto.

Una batalla. Esa batalla no se ha perdido, en el país se produjo una de las más arduas discusiones que puso en evidencia la elevada conciencia de sectores sociales diversos, insistió Rodríguez, quien tiene un análisis constitucional para el debate sobre la interrupción del embarazo.

Al participar como invitado junto a especialistas de Profamilia, Rodríguez dijo que en la reforma constitucional que modificó la Carta Magna en el 2010 hubo intencionalidad de prohibir la interrupción del embarazo.

No es cierto que la vida del feto esté por encima del valor de la vida de una madre que fue abusada, violada o cuya vida puede terminar a causa del proceso de gestación, expresó el experto constitucional.

Asimismo, insistió en que el artículo 5 de la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad y la vida humana. De acuerdo a un precepto constitucional, nadie puede obligar a una mujer a tener un hijo que fue concebido en un acto criminal, como es una violación sexual, insistió.

Pola. Al referirse a un tema que se puso recientemente en debate, cuando fue necesario aplicarle quimioterapia a una embarazada adolescente, quien además tenía leucemia aguda, los especialistas consideraron que la vida de la mujer abusada es valiosa y merece respeto. La joven murió y fue necesario un debate nacional para poder aplicarle el tratamiento, se alegaba que no se le podía poner la quimio porque podía perder el embarazo. En torno al tema, la activista Pola dijo que la sociedad vive una doble moral en base al tema, pues la Iglesia dicta unos preceptos doctrinales pero las personas recurren al aborto cuando lo consideran necesario.

La activista y abogada aseguró que cada vez es más amplio el número de países que ha despenalizado el aborto, al menos en las tres situaciones que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las madres. Esto incluye al mundo árabe, dijo Pola.

Fuera del código. Para los especialistas participantes en el Almuerzo de medios del Grupo Corripio, la salud de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos no deben formar parte del Código Penal, pues no se trata de justicia, sino de salud.

Los especialistas recomiendan que se promueva la necesidad de legislar sobre derechos sexuales y reproductivos, en aras de dar cumplimiento a las normas de derecho internacional vigentes.

Asimismo, se recomienda introducir una corriente de opinión, desde el punto de vista de la consistencia de los argumentos y desde la credibilidad de sus exponentes, sostiene en las conclusiones de su estudio para Profamilia el doctor Rodríguez.

Sugiere, además, que se lleven a cabo encuentros puntuales con sectores liberales de la prensa y del mundo jurídico, a fin de socializar las perpectivas más favorables en torno a los derechos de las mujeres del país.

Mortalidad. Sin embargo, desde hace más de una década, la mortalidad a causa de abortos y la siniestralidad ha disminuido, asegura el experto en salud sexual y reproductiva doctor José Figueroa, director médico de Profamilia.

Los gineco-obstetras tienen la convicción de que la mortalidad y enfermedad a causa directa del aborto se han reducido en más de un 20% en el país.

Esto se debe a que las mujeres comenzaron a tomar un fármaco usado originalmente para sangrados gastrointestinales. Su nombre científico es misoprostol, el cual contrae el útero y se produce el sangrado.

En la actualidad, las mujeres, incluyendo las adolescentes, lo usan y sólo llegan a los centros de salud con un sangrado similar a una gran menstruación y los médicos tienen la labor de hacer el legrado o limpieza.

No existen estadísticas actuales de aborto en la República Dominicana, pero se estima que en el país el número de legrados sobrepasa los 100 mil cada año.

El Estado. Los invitados al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio insistieron en que el Estado debe ser garante del respeto a la dignidad humana. Ellos seguirán luchando por lograr respeto a los derechos de las mujeres. Estuvieron el doctor José Figueroa, Myrna Flores, gerente del Programa de Género y Derecho de Profamilia; Susi Pola, coordinadora del Proyecto Impulsando; Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, y la doctora Esther Vicente, presidenta de IPPF.

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La Constitución

La Constitución reformada en el 2010 se refiere a la inviolabilidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte.

Gran debate

En torno al tema, la sociedad civil, la Iglesia Católica y otras entidades religiosas y activistas de organizaciones sociales se movilizaron en contra y en favor de la vida. Unos hablaban de respeto a la vida y otros de derechos.