La Fundación Equidad presentó ayer el libro escritos por abogados argentinos “Criminalización de la política. La persecución judicial de la gestión pública”, en una acto donde se planteó el impacto negativo y el peligro que representa para el sistema democrático que se use el sistema judicial para acusar y desprestigiar a los políticos de oposición que ocuparon cargos.

La presentación de la obra fue hecha en el auditorio del Senado por sus autores, los juristas argentinos Marcos Aldazabal y Martín Haissiner, ambos expertos en derecho penal, en presencia de legisladores y dirigentes políticos. Luego encabezaron el panel “Criminalización de la Política del Lawfare al Fare Law”, moderado por José Eliseo Almánzar.

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Aldazabal ponderó la importancia de la independencia institucional y moral de los tres poderes del Estado que son el Legislativo, Ejecutivo y el Judicial.

Agregó que la desconfianza en la democracia en muchas ocasiones es fomentada por los propios políticos “que se llaman y tratan los unos a los otros de corruptos”, se tildan de delincuentes y unas series de acusaciones que terminan generando desconfianza en la población.

Estimó que las constantes acusaciones está generando en la población la presunción de que cualquiera que haga política es un ladrón, e inclusive incide en que se tema ocupar una función pública, porque en un tiempo se pueda caer preso por acusaciones infundadas por el simple hecho de manejar recursos.

“Entonces se desincentiva a los mejores, pero también se crea una parálisis gubernamental. ¿Por qué, bueno pues resalta que hay un montón de demandas sociales”, que no se cumplen por temor y por los trámites.

Refirió que los pueblos piden salud, educación transporte, “pero cada vez que se ejecuta una política pública sospechan o acusan de uso incorrecto de recursos, pues no se hace”.