Hoy 
Expertos juristas hicieron ayer distintas observaciones a las propuestas que someterá la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la Cumbre convocada por el Gobierno, tendentes a que se cree un Fiscal General contra la Corrupción, y se desconcentren las funciones administrativas que ejerce el pleno del tribunal.
Aunque no condenan una Fiscalía contra la Corrupción, los doctores Eduardo Jorge Prats, Juan Miguel Castillo Pantaleón y Porfirio Rojas Nina coindicieron en restarle funcionalidad.
Mientras Jorge Prats consideró que antes se debería fortalecer la independencia funcional del Ministerio Público con la aplicación de un estatuto, Castillo Pantaleón dijo que un Fiscal contra la Corrupción sería una estructura burocrática más, igual que el Defensor del Pueblo, que no garantizaría real y efectivamente la lucha anticorrupción.
De su lado, Rojas Nina afirmó que la figura que sugiere la SCJ existe desde hace 8 años cuando mediante la ley 1901 se creó el Defensor del Pueblo, máxima autoridad para perseguir la corrupción y velar por la moralidad pública de la nación. No se ha nombrado por falta de voluntad política.
Desconcentración
Sobre la propuesta de desconcentración administrativa del Pleno de la SCJ, Jorge Prats dijo que está dada en el proyecto de reforma Constitucional que cursa en el Congreso, el cual traspasa esas funciones al Consejo del Poder Judicial.
Ese órgano está compuesto por todos los jueces de la organización judicial, lo que produce una democratización de la administración de justicia, y yo entiendo que eso es mucho más sano que la propuesta que hace la suprema, subrayó Jorge Prats.
En cambio, Castillo Pantaleón consideró que si la propuesta de Subero Isa va dirigida a que los jueces de la SCJ se limiten solamente a su labor jurisdiccional, la misma es buena, señalando que uno de los principales males que tiene el actual diseño estructural judicial es la diversidad de tareas.
Rojas Nina, de su lado, favoreció sin reservas la propuesta.
