El pasado mes de marzo el presidente de la República, Luis Abinader, anunció el inicio de la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, la cual incluía retirar de las calles las armas ilegales, enfrentar la violencia intrafamiliar y de género, reducir las muertes por accidentes de tránsito y prevenir los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas.

Sobre este particular, el exministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, consideró que el tema de la seguridad ciudadana es amplio y lo primero que se debe hacer es convertir a la Policía Nacional en un organismo de prevención en el ejercicio de los derechos a los ciudadanos.

Entrevistado en el programa Esfera Global que conduce Marjorie Félix, el también dirigente de la Fuerza del Pueblo reveló que la Policía Nacional carece de entrenamiento, equipamiento, salario, depuración, formación para la prevención y formación adecuada para el mapeo del delito, lo que amerita una inversión cuantiosa de parte del Gobierno para ejecutar el plan.

Sobre la iniciativa de desarmar a la población, consideró que es un tema que no se ha manejado de forma adecuada y el recurso más eficaz sería saber en manos de quiénes están, cuál calibre y serial tienen esas armas, si la persona tiene condiciones de estabilidad emocional para poseer una y que esto se determine a través de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.

En este sentido, igualmente se manifestó el experto en sistemas de seguridad, Alberto Sandoval, quien consideró que el Plan de Seguridad Ciudadana también necesita una formación integral a los agentes del orden, de la mano de un grupo de expertos que la adapten en función a la política que se quiera desarrollar desde el Estado.

“Es viable invertir en tecnología y a la vez en la formación, pues implementar estrategias de ciberseguridad sin educación a quienes la manejaran es un problema a corto plazo”, expresó.

También afirmó que ningún país tiene la capacidad de cubrir la vigilancia policial en su totalidad y es por ello la importancia de las alianzas públicas y privadas que permitan que haya sistemas de vigilancia de calidad.