POR MANUEL JIMÉNEZ
Un panel de expertos extranjeros recomendó a las autoridades acelerar “urgentemente” los procesos de recuperación de los activos de los bancos quebrados en el 2003 y una reforma a la legislación vigente sobre delitos económicos, a fin de que estos casos puedan ser tratados con mayor agilidad y sancionados más severamente.

Sugieren que en la recuperación de los activos, las autoridades busquen asesoría en materias legales, de auditoria, contabilidad y de tasación, siguiendo el lineamiento de traspaso de las gestiones de liquidación a operadores internacionales de primer nivel.

Para reforzar la solvencia del sistema financiero de República Dominicana, recomiendan buscar fórmulas y generar iniciativas para aumentar la participación de bancos internacionales de primer nivel.

Entienden que iniciativas de este tipo contribuirían “a una mayor competencia, aportes tecnológicos y una esperada mayor dedicación a evitar prácticas insanas, dada sus responsabilidades corporativas internacionales”.

Las recomendaciones forman parte de un informe de 77 páginas rendido al Banco Central por los expertos José Florencio Guzmán, Ernesto Livacic y Claudio Mauch, quienes fueron contratados para analizar el sistema financiero nacional y sus mecanismos de supervisión,  con énfasis en el origen la crisis bancaria que afectó el país en el 2003.

En el informe, colocado desde el jueves en la página de internet del Banco Central, se concluye en que la quiebra de los bancos Intercontinental (Baninter), Nacional de Crédito (Bancredito) y Mercantil tuvo su origen “en un incumplimiento grave, mediante artificios, de las normas legales vigentes y una administración irresponsable”.

Dice que estas debilidades, junto a una supervisión débil, “concluyeron en un dispendio cuantioso de recursos económicos y las consiguientes pérdidas, que fueron asumidas por el Banco Central de la República y en definitiva por el Estado Dominicano”.

En el informe, que fue publicado en cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se insiste en que todo esto ocurrió “por la falta de adecuada prevención, de supervisión oportuna y de requerimientos apropiados a los bancos que deban señales de serias deficiencias”.

Todo esto conllevó a que las autoridades “no exigieran a tiempo las provisiones y capitalizaciones necesarias, y llegar, por último, a inducir, en mejores condiciones, una fusión con otras instituciones, una venta a terceros interesados o una liquidación ordenada”, resalta el informe de los expertos extranjeros.

Señalan que la celeridad con que se precipitó la crisis, que ya estaba latente por largo tiempo, sin que las autoridades hubieran actuado oportunamente para investigar los alcances del deterioro de los bancos en problemas, “derivó en que el principal banco implicado fuere intervenido y los otros dos sujetos a apresuradas y costosas alternativas de salvataje mediante su traspaso a nuevos propietarios”.

“Es así como en todos ellos, en los procesos de resarcimiento de los perjuicios producidos al Banco Central, éste inició acciones judiciales penales y civiles que se desarrollan en un sistema que no responde a la celeridad y severidad con que debe actuarse en estos casos”, sostienen los expertos en su informe.

 “Sin una profunda modificación legislativa que tipifique adecuadamente las acciones fraudulentas en el sector económico, imponga procedimientos más ágiles para su tramitación procesal, considere presunciones plausibles para impedir o postergar la liberación de los inculpados e imponga sanciones severas que sean capaces para disuadir a los administradores de recursos públicos del mal uso de éstos, será difícil que no vuelva a ocurrir situaciones como las producidas”, agrega el informe.

En este orden, recomiendan la celebración de un encuentro de juristas, que conociendo la legislación comparada en matera de delitos económicos, pueda sugerir alternativas de modificación de la legislación vigente para considerar instancias y tratamientos que permitan que en materias especificas del área bancaria se puedan procesar con agilidad y sancionar con severidad situaciones como las de los fraudes causantes de la crisis”.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones especificas que el panel de expertos formula a las autoridades, figuran las siguientes:

– Regulación y supervisión consolidada a nivel de grupo financiero, incluyendo los off shore, con presentación de estados contables consolidados del grupo financiero separados del correspondiente grupo económico integral.

– Estricta regulación y monitoreo de la cartera vinculada;

– Pleno acceso de la Superintendencia a toda la información de los bancos, incluyendo los Informes o Cartas a Gerencia de los Auditores Externos;

– Fortalecimiento del régimen sancionatorio, aumentando las sanciones y reduciendo a casos muy calificados los procesos de revisión o apelación de tipo administrativo;

– Aplicación a los propietarios, directores y administradores de bancos y grupos financieros la evaluación “Fit & Propper” según los estándares internacionales;

– En cuanto al mejoramiento de las capacidades operativas, es necesario insistir en los requisitos profesionales de los funcionarios, que incluya al personal administrativo con adiestramiento ad-hoc para sus funciones, con evaluación periódica de sus trabajos, y algún sistema de premios y sanciones.