Expertos extranjeros  coincidieron ayer en  que para que una ley de partidos políticos sea buena, el Congreso debe ponerse de acuerdo y dejar claros todos los temas atinentes a su regulación y normativa, de tal  manera que la potestad que en ella se le otorgue  al órgano electoral no le sea denegada posteriormente.

Señalaron   que cualquier reforma  al sistema de partidos  debe contener las máximas regulaciones  en los aspectos  relativos a la institucionalidad, democracia interna, transparencia en el financiamiento y acceso a medios de comunicación.

En ese tenor hablaron ayer  el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, doctor Daniel Zovatto, y los profesores Manuel Antonio Garretón, de la Universidad de Chile, y José Enrique Molina, de la Universidad de Zulia,  al exponer en el Seminario Internacional “Funcionamiento, Actividades y Marco Jurídico de los Partidos Políticos”, organizado por la Junta Central Electoral (JCE).

Prueba de fuego.  El doctor Zovatto afirmó que la reforma de los partidos por los partidos a través de sus representantes en el Congreso es una prueba de fuego para las organizaciones políticas   de cara a la ciudadanía, porque según dijo,  “es tmuy fácil para los partidos regular a otras instancias pero no a ellos mismos”.

Advirtió que es preferible que no haya reforma a que se haga a medias y atribuyéndole competencia a los órganos electorales, porque eso termina no solamente ilegitimando el proceso, sino generándole un enorme problema a los órganos de control a la hora de ejecutar esas normas no muy bien definidas.

“Un buen marco jurídico no es una bala de plata, pero sin lugar a dudas, ayuda al fortalecimiento institucional de los partidos. Se debe tener plena conciencia de la norma y de las prácticas, y en ese tema la clase política tiene una buena responsabilidad”, subrayó Zovatto.

Poderes fácticos. Mientras, el profesor Garretón dijo que el sistema de partidos en  América Latina se encuentra actualmente  afectado  en su función de representación, por los poderes fácticos,   y un “desaparecimiento” de su función central, que es la de representar, dirigir e influir en términos de ideas.

En ese sentido, consideró que en cualquier reforma o ley de partidos es necesario asegurar la regulación de esos dos temas, así como la función de liderazgo, ideológica e intelectual y educativa.

“Me parece que el tema de la  representación y las funciones del liderazgo, ideológica e intelectual, son dos aspectos centrales en toda reforma al sistema  de partidos, porque de lo contrario éstos no dejarán de ser más que máquinas electorales que provocan y reproducen en una forma de círculo vicioso, el distanciamiento con la ciudadanía”, dijo Garretón.

  Control interno.  De su lado, Molina   enfatizó en la importancia de la democracia interna de los partidos, la cual, dijo, va más allá de elecciones internas libres, limpias y participativas.

Afirmó que la democracia interna requiere mecanismos de control y rendición de cuentas internos y externos que garanticen los derechos de los militantes y el cumplimiento de los estatutos, la legislación y la Constitución nacional”.

“Mientras más independencia tengan los órganos de dirección del partido respecto a factores externos, mayor será la calidad de la democracia interna”, aseguró el doctor Molina.

Última jornada. El seminario  organizado por la JCE, el Senado y la Cámara de Diputados, con los auspicios de IDEA, la Embajada de España en el país y la  AECID, concluirá hoy con la participación de los expertos extranjeros Leonardo Valdez Zulita, Simón Pachano y Leticia Ruiz, y de República Dominicana  Wilfredo Lozano, César Pina Toribio, Tony Raful y Joaquín Ricardo.  

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Otros expositores

En la jornada de ayer expusieron también en el Seminario  la profesora Esther del Campo, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, quien habló sobre la “Institucionalización y representación en los Partidos Políticos Latinoamericanos”; el doctor Aurelio Pastor,  congresista   miembro del Partido Aprista Peruano; Percy  Medina, secretario general de la asociación cívica Transparencia Internacional, de Perú, y Ana María Mustapic, coordinadora del Programa de Estudios Electorales y Legislativos   de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina.