POR LEONORA RAMÍREZ S.
En la República Dominicana existe una industria del fraude de electricidad que afecta a las empresas generadoras,  a las cuales se les roba energía mediante los medidores alterados o las conexiones directas a la red, acciones que provienen principalmente de industrias y centros comerciales, explicó Tito Sanjurjo, gerente general de Ege-Haina.

Al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio expresó que, contrario a lo que se piensa, no son solamente los pobres los que hurtan la energía, porque la gran parte se produce en sectores comerciales y residenciales que pueden pagar el servicio. «Cuando un sistema tiene un nivel de pérdidas como la del país, que está por encima del 20%, se puede decir que es global el robo, y cuando pasa de ese punto es comercial, de gente que si puede pagar».

De acuerdo con Sanjurjo «aquí hay una industria que vive del robo de la electricidad, de alterar medidores, de conectar directamente, y uno de los esfuerzos que se deben hacer, y de eso hablamos con los senadores hoy (ayer) es que se criminalice el robo, tanto de parte de los autores materiales como de sus cómplices».

En ese sentido, planteó que en Brasil se aplicó un exitoso programa de reducción del fraude, en cuyo esfuerzo no solamente se le conminaba al cliente a pagar, sino también a ahorrar energía.

«A una aldea de pescadores que querían regularizarse le pusieron una cooperativa para que vendieran mejor el pescado y puedan pagar la electricidad, fue un esfuerzo cultural de ayudarlos a ser más productivos   y poder pagar la energía».

Marcos Cochón, gerente general de la Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP) expresó, respecto a las pérdidas del sector, que mensualmente las distribuidoras de electricidad solamente cobran entre US$85 y US$90 millones, pero deberían cobrar US$160 millones.

Esos faltantes los cubre el gobierno con  los subsidios generalizados.