Según cifras oficiales, las exportaciones de zonas francas en 2018 ascendieron a 6,230 millones de dólares, equivalentes al 57.1% de las exportaciones totales, y su contribución al PIB fue del 3.3% (132,661 millones de pesos). En el mismo año, 171,726 trabajadores y trabajadoras se ocuparon en el sector.

Pero esos resultados fenomenales tienen su lado B en los bajos impuestos y bajos salarios que se pagan, es decir la sociedad subsidia a un sector súper exitoso, privilegiándolo con menores obligaciones fiscales pese a las grandes necesidades del país, y con bajas remuneraciones para los trabajadores y sus hogares.

En cuando a lo primero, según el Ministerio de Hacienda en 2019 este sector habrá recibido exenciones fiscales por 24,427.4 millones de pesos, es decir impuestos que no se cobrarán a pesar de los miles de millones de dólares generados.

En cuanto a lo segundo, las zonas francas también se benefician de un abaratamiento excesivo de la fuerza de trabajo, puesto que el salario mínimo legal de este sector (reajustado en 2017) es de solo 10,000 pesos: 30% inferior a la canasta familiar que se calcula para el 20% más pobre de la población (RD$ 14,285) y 67% inferior a la canasta familiar nacional o promedio (RD$ 31,055). Los obreros y obreras del sector, que representan el 71.1% del empleo de zonas francas (119,590), perciben un salario promedio de 12,915.48 pesos: 10% por debajo de la canasta más baja, y 58% inferior a la canasta nacional.

Agreguemos un dato clave: la productividad en las industrias manufactureras (locales y zonas francas) ha crecido un 128% entre 2000 y 2016, lo que significa que la riqueza producida por los trabajadores más que se duplicó en 16 años. Y los salarios por el piso.

La semana pasada llegó el momento de discutir un reajuste en el Comité Nacional de Salarios. Parte de las centrales sindicales propusieron reajustar el salario mínimo en un 40%, lo cual permitiría moverlo de 10,000 a 14,000 pesos, todavía por debajo pero un chin más cerca del costo de la canasta familiar del 20% más pobre.

Sin embargo, la cúpula patronal y los representantes del gobierno lograron juntar los votos necesarios para un pírrico reajuste del 15% (y no retroactivo) que lleva el salario mínimo apenas a 11,500 pesos mensuales, quedando así un 19.5% por debajo de la canasta más baja, y un 63% inferior a la canasta nacional.

Las zonas francas tienen mucho para ofrecer pero parecen insistir en ser zonas de explotación a la franca. Una ley injusta del to’ pa’ mí que, mirando el panorama nacional y latinoamericano, debería llamar a una seria reflexión. Varias preguntas se caen de la mata:

1) ¿Cuándo va a traducirse en acciones de gobierno y de Estado el discurso de que los dominicanos no pueden seguir soportando salarios de hambre, más cuando trabajan en sectores con ventas multimillonarias y se proclama a los cuatro vientos el éxito económico del país?, 2) ¿Cuándo van a hacerse realidad en la vida de la gente las palabras “paz social”, “seguridad”, “empleos de calidad” y “mayor competitividad” que tanto profesan las cúpulas empresariales, y al final se traducen en más privilegios y competitividad espuria basada en bajos impuestos y salarios que solo distribuyen miseria?, 3) ¿Cuándo los salarios serán fijados con criterios objetivos y transparentes, en procesos confiables y cumpliendo con los principios elementales del diálogo democrático?, y 4) ¿Hasta cuándo en materia laboral y económica el Código de Trabajo, la Constitución y el Estado social y democrático de Derecho seguirán siendo el triste y famoso “pedazo de papel”?